Los robos en viviendas se disparan un 44% en Huesca con casi 250 en nueve meses
Los ayuntamientos refuerzan la instalación de cámaras de videovigilancia pero se quejan de la complejidad y lentitud del trámite.
La inseguridad ciudadana tiene a veces un componente subjetivo. Sin embargo, las estadísticas del Ministerio del Interior corroboran la impresión de los vecinos de algunos pueblos de que últimamente se producen más robos en viviendas. Según el último balance trimestral de criminalidad disponible, entre enero y septiembre de este año se registraron en la provincia de Huesca 243 robos con fuerza en domicilios, frente a los 168 del mismo periodo del 2022, un 44,6% más. Solo en estos nueve meses hubo más delitos de este tipo que en todo el 2022 (241).
El primer trimestre fue el peor, ya que se llegaron a duplicar este tipo de robos. Además, la estadística va en ascenso en los últimos ejercicios. El 2018 fue similar al 2019, con 203 y 202, luego llegó el paréntesis de la pandemia, y en 2021 subieron a 226 para seguir escalando. Y si el indicador analizado incluye robos con fuerza no solo en domicilios, también en establecimientos y otras instalaciones, como edificios municipales, el aumento de enero a septiembre de 2023 es del 34%, pasando de los 250 en 2022 a 335 este año.
Estos delitos han animado a los ayuntamientos a reforzar la videovigilancia. A finales de octubre, la Delegación del Gobierno en Aragón tenía contabilizadas 721 cámaras de uso público autorizadas en 51 municipios. La ciudad de Huesca, con 118, encabezaba la lista, seguida de Ejea de los Caballeros (90), La Puebla de Alfindén (46) o Sabiñánigo (35), pero muchos núcleos pequeños, como Arén (3) o Ardisa (5) también contaban con estos dispositivos. Y en esa misma fecha estaban en trámite para autorizar o renovar 760 en 54 localidades de la Comunidad, la mayor cantidad en Utebo (53), Monzón (92) o Caspe (45). De ellas, 416 correspondían a 10 municipios del Alto Aragón.
Este procedimiento administrativo se limita a videocámaras situadas en la vía pública, no incluye las del interior de edificios, que, en principio, si cumplen la normativa de protección de datos (señalización, ante todo) no necesitan ser reguladas. Una vez autorizadas, sus imágenes solo pueden ser vistas por la Guardia Civil, nunca por cargos o empleados municipales. El proceso de autorización es largo porque incluye dos informes preceptivos de la Guardia Civil y pasa por una comisión externa de alto nivel técnico que se reúne una vez al mes y tiene la última palabra, explica la Delegación del Gobierno.
La Diputación de Huesca ofrece desde hace unos años ayudas a los ayuntamientos para instalar cámaras. El problema, señala la vicepresidenta segunda, Celsa Rufas, es la larga y compleja tramitación. "La delincuencia ha aumentado y muchas semanas tenemos algún susto. Ahora se quieren implantar en muchos sitios, pero tardan meses y meses en dar las autorizaciones", dice.
Esta espera, asegura Rufas, ha provocado que algunos ayuntamientos que pidieron subvenciones hayan tenido que renunciar a ellas. Por eso, la Diputación quiere trabajar con la Delegación del Gobierno "en un protocolo mínimo para que los ayuntamientos sepan cómo actuar, porque para ellos es algo bastante desconocido, y mirar cómo agilizar plazos".
Uno de los requisitos, indica la diputada, es acreditar la existencia de delitos previos, "cuando precisamente las cámaras se ponen para evitarlos, no cuando ya han entrado 10 veces a robar en el pueblo". Entiende que debe haber unas garantías para respetar la privacidad de los ciudadanos, "pero a las imágenes no acceden los ayuntamientos, solo los cuerpos de seguridad".
De Banastás a Chimillas
Banastás, a 8 km de Huesca, ha sufrido 15 o 16 robos en un año en casas particulares. El alcalde, Antonio Boné, admite que hay "sensación de inseguridad". Este ayuntamiento ha solicitado seis cámaras para instalaciones municipales, habida cuenta de las dificultades para ponerlas en las calles por cuestiones de privacidad. "Para vías públicas no dan autorizaciones, es muy complicado", señala Boné, quien lleva un año peleando por el permiso. "Ya solo nos queda el último trámite", manifiesta aliviado.
Canfranc dispone de cinco en el casco urbano y ha pedido autorización para sumar otras tantas en la nueva urbanización de la estación internacional. El objetivo, dice su alcalde, Fernando Sánchez, es controlar el vandalismo, sobre todo las pintadas y desperfectos en el mobiliario, "favoreciendo el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque aquí no tenemos Policía Local". El trámite es "complejo", afirma, "se necesitan varios informes, entre ellos el de la Guardia Civil justificando su necesidad".
Sariñena tiene en tramitación 26, solicitadas tras una oleada de robos en casas particulares. El alcalde, Juan Escalzo, especifica también que solo las pueden poner en espacios municipales como el Casino, la puerta del ayuntamiento o el parque infantil, aunque entiende que contribuirán a la seguridad general. "No podemos ponerlas en la calle, para el control de matrículas porque eso lo debe autorizar Tráfico y casi siempre lo deniega", declara. Desde la desarticulación de una banda organizada, "ha vuelto la tranquilidad", añade.
Lo mismo en Senés de Alcubierre, donde se quieren instalar nueve en depósitos de agua, el almacén o el parque municipal. "Las solicitamos en 2021 y aún no tenemos permiso", constata el alcalde, Pablo Allué.
Chimillas es de los pocos pueblos donde Tráfico autorizó las cámaras por cuestiones de seguridad vial, "aunque luego se aprovechan para todo", indica su alcalde, Miguel Ángel Torres.
