El juez pone fecha a la vista contra los exconsejeros Vila y Puig por desobediencia en el caso Sijena
El juicio se celebrará el 4 de mayo, sin la declaración como testigos de la consejera Mayte Pérez ni del exministro Íñigo Méndez de Vigo.
Ya hay fecha para el juicio contra los exconsejeros catalanes Santi Vila y Lluís Puig. El próximo 4 de mayo, los dos políticos catalanes se sentarán en el banquillo acusados de un delito de desobediencia en la entrega de los bienes al monasterio de Sijena, que requirió en última instancia la intervención de la Guardia Civil.
El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha dictado un auto en el que señala la fecha de celebración de la vista en el Palacio de Justicia y ordena la citación de los acusados y los testigos. Todo indica que Lluís Puig será juzgado en rebeldía, ya que es un prófugo de la Justicia española desde que se fugó a Bélgica con el expresidente Carles Puigdemont.
Los hechos se remontan a 2016 cuando Vila era consejero de Cultura. Se le acusa de no cumplir la sentencia que declaró nula la compraventa del tesoro del monasterio de Sijena y obligaba a devolverlo. El fallo solo se ejecutó a medias, ya que ese verano se entregaron las 53 depositadas en Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero no las 44 retenidas en el de Lérida, que solo salieron de allí en diciembre de 2017 cuando fueron a buscarlas técnicos del Gobierno de Aragón con el auxilio de la Guardia Civil. El juzgado intentó ejecutar la sentencia en varias ocasiones, encontrándose con la negativa de la Generalitat. A Vila lo sucedió en el departamento Lluís Puig.
En el juicio se enfrentan a una petición fiscal de dos años de inhabilitación por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y multa de 11 meses (a 18 euros diarios). Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Jorge Español en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, eleva la multa diaria a 200 euros, lo que suma hasta 99.000 euros para Vila y 66.000 para Puig. Además, al primero también lo acusa de un delito de usurpación de atribuciones judiciales, por el que solicita un castigo de 11 meses de prisión y una multa de 63.000 euros.
Vila, díscolo con el procés independentista, tuvo que poner como aval su casa de Figueras (Gerona), mientras que la fianza del segundo la pagó la 'caja de solidaridad' que se nutre de aportaciones privadas para pagar las fianzas de los políticos catalanes.
El Juzgado de lo Penal de Huesca no ha admitido como testigo a Mayte Pérez, consejera aragonesa de Presidencia que en su día estuvo al frente de la de Cultura y que negoció con Vila la posible vuelta de los bienes, un pacto frustrado en el último momento por la negativa del ala de ERC del Gobierno de la Generalitat. Tampoco al exministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo, que había asumido la consejería catalana, por la aplicación en Cataluña del artículo 155. Según el magistrado, "no son relevantes para el enjuiciamiento de los delitos".
La misma razón le lleva a descartar al exalcalde de Lérida, Ángel Ros (PSC); y al conocido expolítico catalán y abogado Miquel Roca Junyet, quien en el momento de los hechos era presidente del Museo Nacional de Cataluña.
Sí comparecerán, a propuesta de la defensa de Vila, Pilar Bayarri, abogada-jefe de la asesoría jurídica del departamento de Cultura de la Generalitat; y Magda Gassó, jefa de Servicio de Museos y Protección de Bienes Culturales.
