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Juicio a Victorino Alonso

¿Quién dio la orden de destruir la cueva de Chaves?

Testimonios contradictorios en el primer día del juicio contra el polémico empresario minero Victorino Alonso, acusado de arrasar el yacimiento neolítico de la sierra de Guara.

María José Villanueva. Huesca Actualizada 21/09/2016 a las 20:18
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Juicio contra Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves

¿Quién daba las órdenes en el coto de Bastarás? ¿Qué había detrás del entramado societario de Fimbas, la empresa propietaria? ¿Quién dio la orden directa de entrar con maquinaria pesada en la cueva de Chaves y arrasar con el yacimiento neolítico? ¿Hubo dejadez por parte de la administración autonómica? ¿Por qué Fimbas hizo obras sin permiso durante años en el coto vallado?

Estas preguntas esperan una respuesta en el juicio iniciado este miércoles contra el polémico empresario leonés Victorino Alonso, conocido como el rey del carbón. Atendiendo a su currículo no resulta extraño que se haya mostrado “tranquilo” e incluso haya hecho una peineta a los ecologistas, concentrados en el inicio de la vista oral en el Palacio de Justicia de Huesca. No parecieron afectarle los abucheos ni los gritos de 'Alonso, paga'. No en vano está acostumbrado a numerosos procesos judiciales por sus actividades empresariales.

Alonso se ha sentado en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico por la destrucción en 2007 del yacimiento de la cueva de Chaves, considerado una joya del neolítico, enclavado en la finca de caza de Bastarás (en el municipio de Casbas de Huesca). Esta es propiedad de Fimbas, una sociedad anónima que las acusaciones vinculan con él. El fiscal le pide dos años y ocho meses de prisión y una indemnización de 50,9 millones de euros. Los abogados de la acusación particular, ejercida por Ecologistas en Acción y Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés), elevan la petición a tres años.

Apudepa y Ecologistas en Acción

“Aquí se ha mentido mucho y se intenta liar el asunto para que no se vea quién dio la orden”, ha declarado la abogada de Apudepa, María Pilar Villellas, tras una primera sesión del juicio en la que declararon 13 testigos. Prueba de ello es que el acusado y varios testigos mantuvieron la versión de que la pala excavadora entró en el yacimiento para “hacerle un favor” al arqueólogo y exdirector del Museo de Huesca, Vicente Baldellou, ya fallecido, pese a que él fue el impulsor de las excavaciones durante 20 años y quien denunció la destrucción en 2009 al comprobar, cuando llegó un verano para retomar los trabajos, cómo se habían sacado entre 6.000 y 8.000 metros cúbicos de tierra, echando por tierra la información sobre un asentamiento que permaneció en esta cueva durante 600 años, una pérdida irreparable. En su lugar, se adecuó un pesebre y se instalaron abrevaderos y comederos para cabras, gamos y rebecos del coto.

Victorino Alonso ha querido presentarse como un cazador más que pagaba por utilizar el coto de Bastarás. No solo niega haber dado la orden de entrar en la cueva sino que desmiente ser el responsable de Fimbas, pese a que ocupa el cargo de administrador único de Maderas Bodelón, accionista mayoritario. 'Yo era un cliente del coto, que pagaba por cazar'. No pudo ocultar, no obstante, que por dos veces actuó como representante de esta sociedad anónima: firmó un contrato de arrendamiento con ocho propietarios de Casbas de Huesca para el aprovechamiento de la caza y se presentó en los despachos de la DGA para negociar la permuta de unos terrenos de Bastarás.

'Nunca di la orden para hacer obras en la cueva. No sabía ni que existía', ha declarado. No le importó ir más allá y responsabilizar al arqueólogo fallecido y al palista, por excederse en su trabajo. 'Baldellou pidió que le quitaran unas piedras peligrosas. Luego hubo una equivocación y se limpió más de la cuenta', ha llegado a decir. Sin embargo Baldellou, que denunció los hechos en 2009 y falleció en 2014, siempre negó que hubiera pedido como favor que le quitaran unas losas del yacimiento.

Además, el empresario leonés acusa a la DGA de 'dejadez y negligencia', porque 'nunca puso un cartel' advirtiendo de la presencia del yacimiento, ubicado en el ámbito de protección de un Bien de Interés Cultural (BIC). Alonso achaca el proceso judicial a 'la presión de los ecologistas de León y Huesca, que han dado la vara y han montado el escándalo'. 'Soy ingeniero de minas y estoy jubilado', ha dicho el que está considerado el mayor empresario del carbón del país.

Lo que no ha aclarado es la maraña societaria de la que formaba parte Fimbas S. A., vinculada a su entramado de empresas. De hecho, el teléfono del encargado de la finca, Alejandro Millet, lo pagaba Unión Minera del Norte, una de las principales empresas mineras de España, perteneciente al grupo Alonso, de la familia de Victorino.

Millet es el principal testigo de cargo, el único que ha señalado claramente al acusado. “Alonso dio la orden al encargado de Ferpi de retirar las losas y le indicó qué había que hacer con los restos'. Esta sociedad, que trabajó en las obras del aeropuerto de Huesca, también está vinculada a Alonso, según la acusación. “Las órdenes en el coto de Bastarás las daba Alonso”, asegura este antiguo trabajador. En la instrucción judicial declaró que él mismo dio la orden al maquinista, pero posteriormente, tras evidenciarse sus problemas con la empresa, justificó que su testimonio y el del palista habían sido inducido por los abogados de Fimbas. “Temía que me echaran. La empresa me dijo lo que tenía que decir, que yo di la orden, que asumiera la responsabilidad”, ha afirmado esta mañana. Sin embargo, el conductor de la excavadora, Jesús Labata, lo ha contradicho al manifestar que el encargado fue quien le dio la orden para hacer un favor a Baldellou. 'Me dijo que había que sacar unas losas porque se lo pidieron los arqueólogos y que no tocara la parte del yacimiento. Al arrastrar las losas, algo de tierra se iría”. Sin embargo, según la Guardia Civil, se excavaron 3 o 4 metros de tierra.

El que fue apoderado de Fimbas hasta 2005 y trabajador hasta 2007, Conrado Muinos, confirmó quién daba las órdenes. 'Cuando venía Victorino, el guarda decía: que viene el jefe'. Esta es la cuestión fundamental, a juicio del abogado de Ecologistas en Acción. “Alonso estaba detrás de todas las obras, era el administrador de hecho. Él detentaba el poder y se actuaba cuando chasqueaba los dedos”, ha señalado Pablo Malo.

El coto de Bastarás 

El coto de Bastarás perteneció a la familia catalana Raventós. Es uno de los pocos vallados de Aragón, ya que se hizo en 1974, antes de que la ley prohibiera este tipo de explotaciones cinegéticas. De ahí pasó a ser propiedad de la familia francesa Lafayet, de los bolígrafos Bic, y sin cambiar de nombre, porque hubiera perdido esos privilegios, se amplió el capital de la sociedad en 2006 y entró Maderas Bodelón. Su antigüedad le ha permitido un estatus que hoy sería incompatible con la declaración del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y con las figuras de protección LIC y ZEPA.

Según los guardias civiles que han declararon en el juicio, Fimbas era consciente de tener un Bien de Interés Cultural en su propiedad y nunca pidió autorización para las obras. Las irregularidades no afectan solo al patrimonio cultural, se extienden a otras obras de roturación de fincas, apertura de pistas, represamiento de barrancos, construcción de balsas... Todas ellas sin permiso. Entre 2003 y 2007, el Gobierno de Aragón le abrió cuatro expedientes sancionadores por afecciones al medio ambiente, y en 2009 habían aumentado a seis. Ecologistas en Acción llegó a presentar 30 denuncias en dos años. El guarda forestal de la zona, Juan Miñana, ha reconocido ante el juez que hubo unos años de obras “frenéticas”. “Denunciábamos una cosa y al tiempo aparecía otra. Parábamos las obras un día y al día siguiente continuaban”.

Manuel Montes, entonces director del Parque de Guara, ha recordado que Fimbas ocupó durante años un monte de utilidad pública de 270 hectáreas. La administración retiró el vallado, cargando con el coste de forma subsidiaria. El cambio del nombre de la sociedad hubiera supuesto la extinción del coto, no así el cambio de mano de las acciones.
Montes se refirió a las acusaciones contra el arqueólogo fallecido. Era imposible que él diera la orden porque ese yacimiento era “la niña de sus ojos”. El juicio se reanudará mañana con nuevos testimonios y la declaración de los peritos.

Los cuatro abogados de la defensa, en nombre de Fimbas, Ferpi, Mapfre y de Victorino Alonso, solicitaron el sobreseimiento de la causa por la prescripción del delito, basándose en que los hechos ocurrieron en octubre de 2007. Sin embargo, las acusaciones mantienen que se empezaron a practicar diligencias judiciales en 2009. 'Fue difícil saber quién dio las órdenes de destrucción', señaló la letrada de Apudepa, para justificar que no se tomó declaración a Victorino Alonso hasta 2012, cuando se desentrañó la madeja de empresas vinculadas a Fimbas.







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