El Tribunal Constitucional resolverá sobre la legalidad de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. El Gobierno central comunicó este martes a la DGA la convocatoria de la comisión bilateral para reconducir la decisión aprobada por PP y Vox en las Cortes el pasado mes de febrero, y que según un informe de la ONU "invisibiliza a las víctimas" del franquismo. Sin embargo, el presidente autonómico, Jorge Azcón, descartó acudir a una cita que calificó de "acto electoral". El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, concederá una semana de cortesía a la espera de una respuesta oficial, pero ante el previsible plantón, anunció que llevará el caso ante la Justicia.

Una vez analizado el informe de Naciones Unidas, y después de cerrar el expediente de estudio contra la derogación de la ley de memoria por parte del Pignatelli, el ministro dio este martes, tras el Consejo de Ministros, el paso anunciado la semana pasada. "Convocamos al Gobierno de Aragón para aclarar esta situación y volver al sentido común, a la defensa de los derechos humanos y la visibilización de las víctimas", reclamó.

Torres explicó que en estos casos se suelen conceder "seis o siete" días para que la comunidad interpelada conteste. "Normalmente dicen que sí, pero el vicepresidente de Aragón -en referencia a Alejandro Nolasco- dice que no se va a sentar. Si esto es así, hay de plazo hasta el 27 de mayo para presentar el recurso ante el Constitucional", explicó. En este sentido, el ministro instó al PP a que no acepte los planteamientos de la "ultraderecha".

El Gobierno central confiaba en que la DGA finalmente sí acudiera a la cita, después de que su portavoz, Mar Vaquero, no ofreciera una respuesta clara la semana pasada. En rueda de prensa, la consejera del PP manifestó en un principio que "claro" que acudirían a la bilateral para luego desdecirse y asegurar que el Ejecutivo autonómico "no va a ser palmero de sus urgencias personales ni de sus caprichos" porque la comisión es algo "serio" y requiere su preparación.

Este martes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, despejó cualquier duda y aseguró, tal y como venía reclamando Alejandro Nolasco, que la DGA no se personará en la bilateral. "Es una escenificación electoral para sus intereses políticos, no es la primera vez que, al llegar las elecciones, al Partido Socialista de Pedro Sánchez le gusta resucitar a Franco, esto no es serio", reprochó el dirigente conservador.

Azcón, por contra, reclamó una bilateral en la que "hablar de los problemas reales de los aragoneses". Mencionó cuestiones como la financiación autonómica o las infraestructuras pendientes. Sin embargo, desde el Gobierno central recordaron el ofrecimiento hecho a todas las comunidades para celebrar este tipo de cumbres con el Estado -previstas en los estatutos de autonomía-, y que hasta la fecha solo han solicitado Canarias y País Vasco, que ya las celebraron. Aragón, que inicialmente mostró interés, de momento sigue sin solicitarlo.

Cruce de acusaciones

El choque entre ambas instituciones es frontal. El ministro Torres se refirió a la carta de queja enviada por Azcón al secretario general de la ONU, algo que a su juicio se trata de una "excentricidad" ya que ese tipo de comunicaciones "las hace el Gobierno de España".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, recordó que la derogación de la ley de memoria "se aprobó en lectura única, por lo que no hubo oportunidad de debatir". A su juicio, este mecanismo solo se utiliza cuando hay un "amplísimo consenso" en las Cortes "y no es el caso". "Que una mayoría en un Parlamento apruebe una ley por lectura única no significa que no pueda violar algún principio constitucional", añadió.

Azcón replicó que "esa explicación se cae por su propio peso, ¿cuántas leyes de lectura única se aprueban en las Cortes Generales impulsadas por el Gobierno de España?", cuestionó. "Invito al delegado del Gobierno y al Ministerio a que expliquen por qué las Cortes de Aragón elegidas democráticamente en unas elecciones por todos los aragoneses no pueden derogar una ley anterior", añadió el presidente autonómico. "Si no lo explican -prosiguió-, lo que están haciendo es electoralismo y teatro político del que evidentemente yo no estoy dispuesto a participar".

Finalmente, Azcón defendió que el objetivo de su Gobierno es presentar un "plan de concordia" con el que "sentirse orgulloso de la Transición y de los valores democráticos y constitucionales".