El TSJA anula el contrato del transporte sanitario no urgente del Gobierno de Lambán
La sentencia dice que se formalizó la adjudicación sin que la empresa tuviera los vehículos y que se le dio una prórroga no prevista en los pliegos.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón acaba de anular el contrato de uno de los tres lotes del transporte sanitario no urgente, adjudicada por el Gobierno de Aragón en 2020, la etapa del cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR. El varapalo judicial, que confirma que se formalizó el contrato con la empresa Transalud sin tener ni siquiera los vehículos como exigían los pliegos de condiciones, obligará al Ejecutivo autonómico a indemnizar a otra de las empresas licitadoras en una cuantía todavía por determinar, aunque podría rondar entre 1 y 2 millones. El contrato expira en febrero, que es cuando se licitará de nuevo.
El procedimiento de contratación se remonta a la etapa en que era consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón Pilar Ventura, que licitó el contrato de los tres lotes del transporte sanitario no urgente en mayo de 2019 por u precio de 42,5 millones de euros. El lote 2, que es el que fue objeto de recurso, comprende los sectores de Zaragoza I, II y III, así como Calatayud y su presupuesto para los cuatro años era de 26,4 millones de euros.
Hubo tres ofertas, de la ganadora fue Transalud, que ofertó 25,3 millones de euros. Fue la que propuso un presupuesto más elevado para el lote 2, dado que HTG Aragón, una Unión de Empresas integrada por Transport Sanitari de Catalunya y por Transporte Aéreos Sanitarios Isleños, planteó 24,5 millones de euros y Acciona 24,9 millones.
Pero la oferta integradora de la totalidad de los lotes le dio la victoria a Transalud, por un importe global de 41,2 millones, que sube hasta los 49,8 millones de euros si se incluye el IVA. HTG Aragón presentó un recurso de reposición que fue desestimado por extemporáneo y ante esto acudió a los tribunales.
La clave de la sentencia es una de las cláusulas de los pliegos, que dice que el licitador debe disponer de todos los vehículos en el momento de la formalización del contrato . Esos pliegos dicen también que en el caso de que vaya incorporar nuevas ambulancias se debe especificar el calendario de cuándo estarán los vehículos dentro de los tres primeros meses de ejecución.
"No tenía ninguno"
Frente a esto, evidencia la sentencia, la empresa adjudicataria “no tenía al tiempo de la formalización del contrato el número de vehículos para atender todos los servicios. En realidad, no disponía de ninguno y por eso hubo de demorarse el inicio de la ejecución del contrato”.
Ante la falta de los vehículos en el momento de la formalización del contrato, el 12 de febrero de 2020, el Gobierno autonómico acordó diferir el inicio de la prestación, opción no prevista en los pliegos. En primer lugar, acordó una prórroga hasta el 10 de mayo. No obstante, en abril, a consecuencia de la pandemia de la covid, se suspendió el contrato hasta julio.
"No consta en los pliegos demoras autorizadas en la ejecución del contrato por falta de disposición de medios materiales", dice la sentencia, notificada el pasado 17 de enero. Rechaza la tesis de los letrados de la Comunidad autónoma, que sostienen que tenía tres meses para incorporar los vehículos. El TSJA dice que esta posibilidad solo está prevista para la incorporación de los vehículos nuevos que vayan a sustituir a los antiguos.
“La sentencia es clara, dura y demoledora”, ha indicado la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, que compareció junto al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Añadió que “este es el legado de PSOE: irregularidades y una falta de celo en el cumplimiento de la ley”.
"A la irresponsabilidad, a las irregularidades y a la mala gestión y a la mala práxis en materia sanitaria del PSOE, lo que procede es una sanción que van a a tener que pagar los aragoneses. Ese es el legado del PSOE", ha dicho Vaquero
