La Cámara de Cuentas fiscalizará el Inaga en plena comisión de investigación de las renovables
El organismo presenta su programa de trabajo para el año 2024, que incluirá dos informes sobre el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) va a ser sometido a una triple fiscalización este año. Además de la comisión de investigación sobre las autorizaciones de los parques eólicos, solares y fotovoltaicos que las Cortes de Aragón van a poner en marcha este miércoles, la Cámara de Cuentas ha previsto dos informes: por un lado uno de carácter general, dado que no presentó sus cuentas ni en 2021 ni en 2022, y otro sobre los ingresos que recauda de los parques de energías renovables.
Así lo ha explicado este martes el presidente del organismo fiscalizador, Alfonso Peña, que ha presentado a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, su programa de trabajo para este año. En concreto, van a desarrollar 18 informes, que no solo afectarán al Inaga. Estará, como es habitual, el informe de la cuenta general de la DGA.
Por la polémica suscitada por la gestión del Inaga en la pasada legislatura, con el Gobierno de PSOE, CHA, PAR y Podemos, este trabajo es uno de los que más interés suscita. El PP, hoy en el Ejecutivo, llegó a hablar de serias irregularidades en la tramitación de los permisos.
El hecho de que el informe de fiscalización coincida en el tiempo con la comisión de investigación va a obligar a intensificar “la coordinación”, según ha explicado el propio Peña, que ha comparecido junto a los consejeros Luis Rufas y Rosa Montolío.
El presidente de la institución ha recordado que el instituto, que tiene un volumen de gasto de 6,2 millones de euros, no rindió cuentas en 2021 y 2022, hecho que ya fue puesto de manifiesto en su informe de la cuenta general de la DGA. Según ha añadido, se va a analizar en concreto la gestión de los años 2022 y 2023, además de las tasas a los parques de renovables, que contarán con un informe independiente.
Peña ha explicado que va a tratar de evitar “solapar” los trabajos de la comisión de investigación y de la Cámara de Cuentas. Eso sí, ha advertido que la fiscalización de la Cámara no podrá ser utilizada por los integrantes de la comisión de investigación, que comenzará a trabajar de forma inmediata durante un plazo de seis meses, periodo en el que no habrá concluido la fiscalización.
“Por muy rápidos que seamos, las Cortes no podrán esperar. Posiblemente el procedimiento sea a la inversa”, ha afirmado Peña. Es decir, que las conclusiones de la comisión de investigación sean tenidas en cuenta por la auditoría de la Cámara de Cuentas. “Se consultará a la Cortes la mejor forma de hacer compatibles ambas actuaciones”, ha dicho.
Ha recordado que el Inaga está en un momento de gran trabajo, por el alto volumen de autorizaciones de renovables que se están tramitando, por lo que se tratará de no atascarlo con los requerimientos de información, “que son exhaustivos”.
Además de fiscalizar al Inaga, la Cámara de Cuentas va a elaborar informes sobre los contratos del sector 1 y 2 del Salud, las direcciones provinciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), los gastos de los centros públicos docentes, que gestionan unos 40 millones de euros al año, o el Banco de Sangre y Tejidos.
Respecto al sector público local, se van a a analizar los contratos menores de los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel, los ayuntamientos de Calatayud y Barbastro, las subvenciones concedidas por las Diputaciones de Zaragoza y Huesca y el Plan de Equipamientos Comerciales de Zaragoza.
Peña ha explicado que en coordinación con el Tribunal de Cuentas, los trabajos de auditoría llegarán a las zonas de bajas emisiones en las principales localidades de la comunidad autónoma, así como la promoción y gestión de la vivienda protegida. Como curiosidad, a petición de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, la Cámara se encargará de la auditoría financiera y de cumplimiento de la gestión económica del presupuesto de esta institución del ejercicio 2023.
Además, ha informado Alfonso Peña, será necesario concluir algunos trabajos del programa de fiscalización del año pasado, como el de las subvenciones de la Comunidad autónoma en 2020 y 2021, la cuenta general del Ayuntamiento de Zaragoza de 2022 o la auditoria operativa sobre el impacto de las medidas adoptadas por la DGA para abordar las políticas de despoblación.
Renovación de la Cámara y sede
A Peña se le ha preguntado por el proceso de renovación de la Cámara de Cuentas, dado que el pasado día 13 de enero expiró su mandato después de seis años. Ha dicho que “las ilusiones personales” de los consejeros “no son relevantes”, dado que “lo importante” es que se complete el proceso de renovación de la institución, que debe ser elegido por los grupos parlamentarios.
Uno de los aspectos que tendrá que decidir el nuevo consejo de la Cámara es la sede definitiva de la institución, que en la actualidad desempeña su función en el Cubo de La Romareda, un edificio de propiedad municipal y que será derribado el próximo mes de julio para que puedan comenzar las obras del nuevo estadio.
Peña ha asumido que tiene “una pequeña espinita” por no haber conseguido tener una sede definitiva en un edificio propiedad de la Cámara. También ha dicho que se han buscado alternativas en edificios públicos, como los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, que al final no han prosperado.
Por eso, ha señalado que se están buscando “soluciones provisionales en el mercado”, es decir, no se descarta alquilar unas oficinas para ubicar las 30 personas que trabajan en la institución. Ha dicho que las soluciones que se habían estudiado o no tenían capacidad o había “problemas jurídicos” que impedían la reubicación.
