Los pactos alcanzados este jueves entre el PSOE y Junts para garantizar la aprobación de los decretos ‘omnibus’ y anticrisis han alimentado aún más si cabe el conflicto de Aragón y el Gobierno central. “La política de extorsión a la que los socios de Pedro Sánchez someten a los españoles y los aragoneses es insoportable”, ha dicho el presidente aragonés, Jorge Azcón, que ha anunciado una batería de recursos “si se rompe el principio de igualdad” entre las comunidades autónomas.  "Llegaremos hasta donde haga falta", ha dicho.

Azcón, que ha comparecido junto a su vicepresidente, Alejandro Nolasco, salía de la primera reunión de trabajo con sus consejeros, con la que quería abrir el año político. Con el presupuesto aprobado y un día después de la agónica votación vivida en Senado, el presidente tenía claro que el mensaje debía articularse en clave nacional: “Rechazamos la negociación unilateral de asuntos que afectan a todos”. 

A su juicio, lo vivido en el Parlamento es un “chantaje” si se atiende a los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts y que este jueves siguen a la espera de concreción y con declaraciones contradictorias entre socialistas e independentistas. "Y no nos vamos a quedar cruzados de brazos, no vamos a permitir que se rompa la igualdad", ha dicho.

El presidente, ha basado su argumentación en la nota distribuida por Junts, en la que se desgranan sus acuerdos con los socialistas, aunque este jueves estos han rebajado el alcance de sus cesiones a los independentistas. El primero es el de los incentivos y penalizaciones para facilitar el retorno a Cataluña de las empresas que salieron de esta comunidad a causa del ‘procés’. Hay un compromiso de los socialistas de reformar la Ley de Sociedades de capital, pero se desconoce hasta qué extremo. Azcón ya dejó claro el martes que iría a los tribunales si el Estado estimula la salida de empresas de Aragón.

También se ha referido al compromiso del Gobierno de transferir la competencia de inmigración a Cataluña. “Tenemos que saber si Cataluña va a decidir unilateralmente si acoge a inmigrantes”, ha dicho el jefe del Ejecutivo. Hay que tener en cuenta el profundo malestar sobre el reparto de la inmigración llegada de Canarias, por los costes que suponen para Aragón los menores de edad.

Azcón se ha referido a la publicación de las balanzas fiscales, una reivindicación histórica de Cataluña que figura en la nota distribuida por Junts a los medios y que, en el marco de la confusión sobre los términos exactos de los acuerdos, el PSOE niega ahora que vaya ejecutar. En cualquier caso, el presidente ha dicho que esta cuestión profundiza en la desigualdad.

“Es decir que España nos roba, que los aragoneses les robamos”, ha lamentado. A su juicio, la publicación de estas balanzas podría suponer “el ejercicio de insolidaridad más importante de la historia, supone la ruptura del principio de igualdad".

El presidente ha aludido a las ayudas a la digitalizalización de la Justicia, que se van a multiplicar en Cataluña mientras que Aragón no recibe ni un euro por este concepto, y a los descuentos del transporte, cuyo coste dice Junts que asumirá íntegramente el Estado. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha matizado que se limitara al 30% como hasta ahora y que todas las comunidades tendrán el mismo trato.“Sería inconcebible que hubiera subvenciones distintas en función de las comunidades autónomas”, ha dicho Azcón.

"Ayer asistimos a un chantaje. Sabemos quién los ejerce, Carles Puigdemont, un prófugo de la Justicia; quién lo acepta, el presidente del Gobierno; y quién lo paga, los españoles y los aragoneses. No puede ser que la política esté condicionada por las mentiras y por el chantaje", ha declarado. Y ha añadido: "Sánchez puede estar dispuesto a humillarse, pero los aragoneses no". 

Sánchez salvó dos de los tres decretos

 Sánchez logró convalidar sus decretos 'ómnibus' -el que incluye requerimientos de Bruselas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para desembolsar los 10.000 millones de la cuarta entrega de los fondos de la UE- y anticrisis, con la prórroga del escudo social para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y, ahora, del conflicto en Oriente Próximo; y, paradójicamente, el que no salió adelante -el de conciliación que incorporaba la reforma del subsidio de desempleo- decayó por la negativa de Podemos a transigir con la rebaja en las cotizaciones para los mayores de 52 años.

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