El Gobierno "reforzará la vigilancia" para que las sedes empresariales estén donde su está actividad principal, tras la demanda de Junts

María Jesús Montero dice que el Ejecutivo quiere evitar "ingenierías fiscales", pero subraya que "no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren".

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero
Efe

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha señalado que las empresas tienen libertad para instalarse donde consideren y que el acuerdo con Junts "reforzará la vigilancia" para evitar "ingenierías fiscales" y que las sedes sociales estén donde se desarrolla la actividad principal de cada empresa.

En declaraciones a los medios antes del Forum Europa de la vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, Montero ha subrayado que el Gobierno de España "no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente instalarse".

"Lo que sí tienen que cumplir de forma escrupulosa, y así se refuerza en este acuerdo (con Junts) es con la legalidad vigente (...) que no se produzcan ingenierías fiscales para que declarando la actividad principal en un sitio, el domicilio social esté en otro y cuestiones de este tipo", ha añadido preguntada por el acuerdo alcanzado ayer con Junts para sacar adelante los decretos.

Se refuerza que se vigile, ha añadido, y que se esté atento a que cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar "pues allí es donde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones, también las obligaciones tributarias".

Es refuerzo, ha añadido, se hará con cambios en la ley de Sociedades de Capital.

Pero, ha concluido, "la libre instalación de empresas, una realidad de nuestro derecho comunitario, seguirá siéndolo".

Junts avanzó este miércoles un pacto con el PSOE que incluye el compromiso de reformar, vía Consejo de Ministros, la ley de Sociedades de Capital para revertir el decreto que aprobó en 2017 el Gobierno del PP "y que las empresas puedan volver a Cataluña".

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