urba nismo
El Gobierno de Aragón licitará 665 pisos de alquiler asequible en Zaragoza a partir del otoño de 2024
Recurrirá a la vía de la concesión para movilizar una inversión cercana a 70 millones y la licitación se hará por lotes con suelos en otros municipios y un precio máximo de renta.
El Gobierno de Aragón recurrirá a la vía de la concesión para impulsar 665 viviendas públicas de alquiler asequible en Zaragoza a partir del otoño de 2024 con el objetivo primordial de facilitar la emancipación de los jóvenes. Esta operación será posible gracias al acuerdo alcanzado la semana pasada con el Ayuntamiento en la comisión bilateral, que ha desbloqueado el desarrollo de suelos repartidos en cinco barrios.
Si no surgen contratiempos, la licitación del primer paquete de parcelas en Valdespartera, Arcosur, San José y Picarral, con capacidad para 440 pisos, se podrá licitar en menos de un año. Las restantes 225 previstas en Torre Ramona se demorarán al verano de 2025 al requerir una tramitación urbanística más larga. En todo caso, la entrega de las llaves podría ser una realidad antes de que acabe la legislatura.
El consejero de Fomento, Octavio López, subraya a este diario que hay 43.000 jóvenes aragoneses de 25 a 38 años que viven con sus padres, por lo que promover vivienda pública se ha convertido en una "necesidad social". "Tenemos que intentar que salgan del nido y construyan su vida", destaca.
En total, se movilizará una inversión cercana a los 70 millones gracias a la colaboración público privada, que paliará con creces el recorte del 56% en la partida presupuestaria para Vivienda y la dependencia de la financiación del plan estatal y de los fondos europeos. De hecho, López pretende aprobar el primer plan propio de Aragón y sacar adelante una ley de Vivienda.
La construcción y explotación de las viviendas públicas será a largo plazo, en torno a los 75 años, y los concursos saldrán por lotes con la inclusión de otras parcelas municipales de localidades aragonesas de más de 3.000 habitantes. En función de la calificación del suelo, las concesiones serán demaniales –fórmula a la que ya recurrió el cuatripartito para la residencia para jóvenes del Actur pendiente de desatascar– o mediante la cesión del derecho de superficie –caso de la operación de la nueva Romareda–.
López aseguró que se licitarán en "lotes razonables y operativos" para que concurran fondos de inversión y grandes promotores. "Y no descarto algún paquete más pequeño para que entren los locales", asevera.
En todos los casos, el precio del alquiler lo fijará el Gobierno de Aragón, siempre garantizando que sea "atractivo" y salgan los números de las promociones de vivienda para conseguir fichar concesionarios. Por ello, el consejero de Fomento prevé lanzar en paralelo una línea de subvenciones en función de los recursos de los futuros inquilinos con el fin de rebajarles la renta que deban asumir.
Los primeros lotes saldrán en el otoño de 2024 sobre la base de los solares para vivienda pública cuya permuta entre la DGA con el Ayuntamiento de Zaragoza se pactó en la comisión bilateral celebrada hace justo una semana. Su tramitación urbanística no llevará más de diez meses, incluida la redacción de los proyectos y la obtención de las licencias, por lo que las obras podrían comenzar incluso antes de finalizar el ejercicio.
En una parcela de Valdespartera aún por concretar se podrán edificar más de 150 viviendas, a las que se sumarán las previstas en la antigua fábrica de Alumalsa, en San José, donde el Ayuntamiento cederá el suelo que tiene para la construcción de 118 de precio libre. Su número se ampliará sin aumentar la edificabilidad y las resultantes, en torno a 180, serán de protección para alquiler social.
De igual forma, se incluirá el suelo para 80 pisos en Arcosur y los 30 que le correspondían al Ayuntamiento en el Picarral por la reconversión de los suelos del antiguo Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET).
En el caso de la operación de Torre Ramona, donde se podrán levantar un mínimo de 225 viviendas, el Ayuntamiento se compromete a redactar e impulsar antes del mes de octubre de 2024 la modificación del PGOU que haga posible igualmente ampliar el número de viviendas sin incrementar la edificabilidad. Esto supondrá pasar de 165 inmuebles de 107 metros cuadrados a un mínimo de 225 de 75 m2. Además, se aprovechará también para eliminar la servidumbre de acceso al estacionamiento público.
A diferencia del resto de suelos, se deberán tramitar, además, sendos proyectos de urbanización y de reparcelación que requerirán no menos de seis meses de plazo. Todo ello impedirá licitar esta concesión de obra y explotación hasta el verano de 2025.
Hasta seis millones para "microcirujía urbana"
De forma paralela, el consejero de Fomento dispondrá de tres millones propios y de otros tres del Departamento de Desarrollo Territorial para comenzar en 2024 la anunciada "microcirugía urbana" en los 700 municipios con menos de 3.000 habitantes, cuyo objetivo es regenerar los cascos urbanos y fijar población. En su selección se va a primar a las localidades menos pobladas.
Octavio López explica que las tres diputaciones provinciales también se van a involucrar, pero en su caso con ayudas a los ayuntamientos para que adquieran viviendas de cara a su rehabilitación, de forma que dispongan de oferta para fijar población. "Si el número es mayor, entraremos directamente nosotros a través de Suelo y Vivienda", detalla el consejero, que evidencia que el lanzamiento del plan de vivienda se hará el próximo año y el grueso de las obras comenzarán en 2025.
