Industria recurre a Sarga para desatascar 200 proyectos de renovables en Aragón
Una decena de técnicos se encargará desde enero de hacer informes y tramitar las declaraciones de utilidad pública necesarias para poder construir los parques.
La Consejería de Economía, Empleo e Industria recurrirá a una de las empresas públicas autonómicas, Sarga, para hacer frente al atasco en la tramitación de cerca de 200 proyectos de energía renovable en los tres servicios provinciales de Energía y en la propia Dirección General de Energía y Minas. Están en juego casi 5.000 megavatios que cuentan con la autorización de construcción por parte de la DGA, que representan más de dos tercios de la potencia en servicio.
El objetivo del Ejecutivo autonómico es ponerse al día sin desatender el resto de autorizaciones y trabajos ordinarios, como ha venido ocurriendo para cumplir cada uno de los hitos fijados en el calendario estatal para la aprobación de los sucesivos hitos para la tramitación de los nuevos parques eólicos y fotovoltaicos.
Una decena de técnicos especializados de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) se encargarán desde enero de elaborar los informes necesarios que permitan desbloquear los expedientes y, sobre todo, sacar adelante las declaraciones de utilidad pública (DUP) necesarias para que los promotores puedan construir los parques eólicos y fotovoltaicos que cuentan con las preceptivas autorizaciones administrativas previa y de construcción para sus instalaciones.
Un coste de 872.000 euros
Fuentes oficiales de la Consejería de Economía indicaron que este refuerzo se formalizará con Sarga con una duración de un año, prorrogable por otros dos. "La idea es crear las plazas necesarias en la Administración autonómica, cuyo número están evaluando los servicios provinciales, y disponer del personal de Sarga mientras tanto, porque llevará un tiempo completar el procedimiento", indicaron.
La partida necesaria ya se ha incluido en el proyecto de ley de presupuestos en tramitación, 872.000 euros, lo que permitirá contratar con Sarga nada más entre en vigor el 1 de enero.
La decisión adoptada es muy demandada por el sector, al que no solo le preocupa que la Administración apruebe los sucesivos hitos para la autorización de las renovables, sino los últimos pasos que debe dar la DGA para que las empresas puedan iniciar las obras en aquellos parques que han ido superando los cuellos de botella administrativos.
En concreto, lo que preocupa ahora al sector son las declaraciones de utilidad pública necesarias para expropiar las fincas con cuyos propietarios no hay acuerdo para completar las extensas áreas que son necesarias tanto para la construcción de los parques como para el tendido de sus líneas eléctricas de evacuación hasta las subestaciones más próximas.
Solo para reforzar a los servicios provinciales de Industria en la específica labor de desbloquear las DUP se dedicará un ingeniero de Sarga en cada una de las tres demarcaciones. En la última semana ha salido adelante una de ellas, cuya beneficiario es un pequeño parque eólico de 9,4 megavatios en el término municipal de Muniesa cuyo promotor es Enel Green Power.
Además, otros tres técnicos en Zaragoza, dos en Teruel y uno más en Huesca servirán de apoyo en la elaboración de informes y en la tramitación de las renovables, además de otros expedientes dependientes de los servicios provinciales. Igualmente, la Dirección General de Energía y Minas contará con un especialista en geolocalización y levantamiento topográfico para poner al día el mapa autonómico con todos los parques eólicos y fotovoltaicos y sus líneas eléctricas, tanto los de tramitación autonómicas como estatal, para tener una radiografía del despliegue de instalaciones.
El anterior Gobierno de Aragón ya tuvo que recurrir a un refuerzo del personal y a la contratación de consultoras para resolver en tiempo y forma las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos, cuyo plazo vencía en enero del año pasado. Y no era un número menor, porque el personal del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) llegó a estudiar e informar acerca de 672 proyectos eólicos y fotovoltaicos desde mediados de 2019, cuya autorización depende de la DGA y del Ministerio para la Transición Ecológica.
Más expedientes en enero
Los mismos promotores y proyectos se encuentran ahora con el siguiente hito administrativo, el de la autorización de construcción, que expira el próximo 25 de enero. En este caso, el goteo de expedientes aprobados es incesante y desde la Consejería de Economía aseguraron que se llegará a tiempo con personal propio, sin tener que recurrir al nuevo refuerzo de Sarga, para dar el permiso a todos los parques eólicos y fotovoltaicos en juego. Y suman 11.200 megavatios, muchos más de los que ahora están en servicio y que ya han convertido a Aragón en una potencia en renovables, con 7.377 MW.
El Ministerio también da por seguro que llegarán a tiempo y concederán en plazo la autorización de construcción a los 21 parques eólicos y 15 plantas solares de Aragón de su competencia. Los 36 suman 2.366 megavatios.
Moratoria ante la acumulación de obras
Las empresas promotoras de energía renovable en Aragón y en el resto del país tendrán ahora el reto de construir decenas de parques eólicos y fotovoltaicos en un tiempo récord. Una vez consigan las declaraciones de utilidad pública para expropiar las fincas necesarias, deberán conseguir los suministros y las contratistas que asuman las obras. Y no está siendo fácil ante la acumulación de actuaciones en toda España.
El presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín, advirtió de que el Ministerio para Transición Ecológica les obliga a construir todas las instalaciones en dos años. Y esta meta considera que es "imposible" de cumplir porque el ritmo es inasumible para la capacidad actual de las empresas contratistas. "No hay equipamientos, materiales ni mano de obra. Ahora se pueden desarrollar 6.000 megavatios anuales y los proyectos en tramitación en España rondan los 60.000. Ya vamos forzados y nos están pidiendo un imposible", enfatizó.
Ante esta realidad, Machín sugirió que los plazos de construcción se deberían alargar y "alinearse" con los objetivos de potencia renovable establecidos por el Gobierno hasta 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que debe revisarse, además, en 2023.
Esta cuenta atrás afecta a todos los proyectos que obtuvieron el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica antes de mediados de 2020, que deberán estar produciendo energía a mediados de 2025.
