La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ultima estos días con su equipo de trabajo los criterios que aplicará para condonar parte de la deuda autonómica, tal y como se comprometió con Cataluña y con el resto de territorios como parte del acuerdo de investidura con ERC. Según fuentes de la Moncloa, el Gobierno central convocará en las próximas semanas a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, primero para acordar el objetivo de déficit que regirá en los presupuestos de 2024 y posteriormente, pero en el corto plazo, para abordar la quita.

Mientras que el PSOE no tiene intención de celebrar de forma inmediata la Conferencia de Presidentes que reclamaron los líderes autonómicos del Partido Popular, entre ellos el de Aragón, Jorge Azcón, el Gobierno central sí que va a afrontar la condonación de la deuda comprometida a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Lejos de asumir un desgaste político, los socialistas ven en la quita una oportunidad para desviar la atención de la omnipresente ley de amnistía y, además, para fracturar las cohesionadas filas del PP.

El acuerdo con ERC contempla la condonación del 20% de la deuda pública de Cataluña, es decir, 15.000 millones de euros más los intereses que dejarían de pagar. En el pacto se establece que la medida se hará extensiva al resto de comunidades, aunque el Gobierno advirtió de que el porcentaje podrá variar entre unas y otras. Bajo la premisa de que se busca aliviar las arcas autonómicas que más se endeudaron durante la pasada crisis económica, la Moncloa ultima ahora unos criterios objetivos que satisfagan a todos los territorios, independientemente de su signo político.

De esta forma, el PSOE trata de romper la unidad con la que, hasta el momento, está haciendo oposición el PP en un clima de alta tensión política por los pactos de Sánchez con el independentismo. Tras el acuerdo sobre Doñana y la foto del presidente andaluz del PP JuanmaMoreno con la ministra del ramo, Teresa Ribera, la Moncloa quiere ofrece un beneficio económico que no puedan rechazar los barones territoriales y apuntarse un nuevo tanto.

Azcón: «No renuncio a nada»

En este sentido, Azcón aseguró que defenderá los intereses de la DGA. «Yo no renuncio a ningún beneficio, tengo claro cuál es mi papel. Lo que no voy a permitir es que lo que nos afecta a los aragoneses se decida en Cataluña. Por lo tanto voy a levantar la voz para defender a mi comunidad autónoma», advirtió en un foro de ABC celebrado este lunes en Madrid.

La DGA teme que el criterio de la deuda adquirida en la anterior crisis no sea beneficioso para la Comunidad. Según los datos del Banco de España, Aragón elevó su deuda hasta el 18% de su PIB entre 2007 y 2015. En el mismo periodo, Cataluña llevó esa cifra hasta el 27,7%, solo superada por Castilla-La Mancha (31,4%) y Comunidad Valenciana (30,5%).

Aragón debe en torno a 9.000 millones (el 20,5% de su PIB), pero poco más de la mitad, 5.000 millones, es deuda contraída con el Estado. Además de una gestión más eficiente de los recursos, la Comunidad fue una de las que más tarde accedió al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que le penalizó con unos intereses más caros. El Gobierno, no obstante, también contempla condonar deuda privada. Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la Comunidad podría beneficiarse de una quita de 1.417 millones.