La Asociación de Inmigrantes España Abierta al Mundo se ha dirigido al Ministerio de Justicia para exponer la situación de “sustracción” en la que se encuentran los tres menores nacidos en Zaragoza (Bouba, de 17, Awa, 13, y Mouhamadu, 6) en Mali, desde el verano de 2022, cuando viajaron allí con su familia y su padre se negó a que regresaran. 

El presidente de la asociación, Joaquín Soguero, mantiene contactos estrechos con el departamento de Justicia dedicado a este tipo de casos. Desde allí se les ha recomendado que formalicen una reclamación, ya que  puede estar “muy cerca” la decisión definitiva de las autoridades de Mali sobre la custodia de los tres menores. Custodia que en su día obtuvo su madre Fátima Oulale ante el Tribunal de Menores de Bamako, cuya resolución está recurrida ante otro tribunal superior por parte del padre.

De hecho, en el documento que se ha dirigido al Ministerio de Justicia, al que ha tenido acceso HERALDO, Soguero detalla que “en relación con la situación de los menores españoles, el personal de la Embajada de España en Bamako conoce y está haciendo un estrecho seguimiento de su situación”. Asimismo, desde esta institución diplomática se han mantenido contactos con el padre de los menores para “invitarle” a  regresar a España y renovar sus pasaportes.

El padre mantiene contactos con la embajada

En la misiva dirigida a Justicia, se señala que el padre afirmó querer regresar a España una vez los tribunales malienses dicten sentencia y que no pretende separarse de su mujer que reside en Zaragoza. Al explicarle que la embajada tiene que realizar el seguimiento de los menores, el señor Diarra manifestó su conformidad.

Además, Soguero precisa en su carta que los trabajadores de la embajada mantuvieron contactos con los menores y, asimismo, ellos expresaron su voluntad de regresar a España para continuar su formación en sus colegios de Zaragoza, mientras tanto están escolarizados en una escuela turca en Mali.

Heraldo

Ante esta situación, el presidente de la asociación recuerda a Justicia que “la protección y asistencia consular de las autoridades españoles en Mali, al amparo de la convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, no permite la interferencia en asuntos que se encuentren judicializados en ese país”.

Por eso, reconoce que aunque “las autoridades españolas seguirán velando por la situación de los menores, no pueden realizar gestiones ni personarse en un asunto que se encuentra judicializado”. Ante esta coyuntura solicita al Ministerio de Justicia que realice las alegaciones convenientes sobre los menores en un plazo de 30 días: “Al objeto de estudiar la posible conclusión de su expediente o la reanudación de la actuación abierta ante la administración competente”.

Aun así, la familia de los tres menores se compromete a informar sobre la decisión final que adopte la institución judicial maliense sobre ellos y confían en el “buen hacer” del Ministerio de Juticia de España ya que “ustedes van a ser parte fundamental del rescate de estos niños aragoneses secuestrados por su padre en Mali”.

Por ello, Joaquín Soguero comenta que tanto las autoridades de la Embajada de España en Bamako, como el Ejército español destinado en Mali y el propio Ministerio de Justicia pueden ayudar a que el regreso de los tres menores se produzca en los próximos días, después de que se conozca la resolución del tribunal maliense.