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La DGA reparará el río Osia pero no asume la multa que le impuso el Gobierno
Un responsable de Fomento de Aragón y otro de la CHE visitaron el lugar el pasado viernes para estudiar los desperfectos en el cauce.
La consejería de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón (PP-Vox) ha decidido recurrir a los tribunales la multa de 602.782,59 euros que impuso el Ministerio para la Transición Ecológica a la DGA por dañar el cauce del río Osia, al lado de Aragües del Puerto (Huesca), con unas obras de emergencia realizadas en 2020 para reparar los desperfectos que provocó una crecida en la carretera A-2605, ocurrida en 2019. No obstante, se muestra dispuesta a reparar los daños causados.
El pasado viernes el director general de carreteras, Miguel Ángel Arminio, y el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, visitaron el lugar donde se realizaron las obras, acompañados por sus respectivos equipos técnicos y alcaldes de la zona.
Fuentes de la CHE señalaron este lunes que “se ha estado buscando y valorando la solución que permita recuperar la morfología del río Osia en el tramo afectado y que sea compatible con la protección de la carretera”, ya que “ambas administraciones” están determinadas “a mejorar ese entorno”.
La DGA se mostró en “sintonía” con la CHE y está dispuesta a emprender la restauración de las obras, por las que protestaron en septiembre de 2020 un grupo de organizaciones ecologistas como Centro Ibérico de Restauración Fluvial, la Fundación Nueva Cultural del Agua, Asociación Naturalista de Aragón, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos.
El Consejo de Ministros del Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acaba de desestimar el recurso interpuesto por el Gobierno de Aragón (que dirigía el socialista Javier Lambán) contra el acuerdo de la sanción económica de 602.782,59 euros y la obligación de realizar las labores de restauración del cauce.
Fuentes de la DGA señalaron que en los dos meses que quedan para acudir a los tribunales han decidido ir a lo contencioso porque "la cantidad es excesiva", si bien mientras tanto asumen las tareas de restaurar el río porque consideran que esa tarea hay que repararla para la Administración.
De hecho, el Gobierno de Aragón ha autorizado a la dirección general de Servicio Jurídicos la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros, del pasaso 22 de agosto de 2023, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la DGA contra esa decisión. En la misma, se impuso una sanción de 602.782,59 euros y la obligación de realizar las labores de restauración y adecuación hidromorfológica de las obras en dominio público hidráulico del río Osia, en el término municipal de Aragüés del Puerto.
Una asistencia técnica para realizarlo
En este sentido, las fuentes de la consejería de Fomento señalaron este lunes que están valorando la fórmula más adecuada para que se pueda realizar la restauración del cauce del río. Agregan que el Gobierno “les obliga a dejarlo en condiciones” y por eso se ha creado “un grupo de trabajo”, integrado por la DGA y la CHE, para cumplir las directrices que impuso el Ministerio para la Transición Ecológica al Gobierno de Aragón.
A principios de 2020, la CHE no respondió a la petición de la DGA para realizar unas “obras de emergencia”, después de que se produjera un desprendimiento de la calzada de A-2605 que, a su vez provocó el cierre de la carretera. Cuando la DGA concluyó la intervención, la CHE les comunicó que se habían excedido en la solución.
En su día, el consejero de Vertebración, José Luis Soro, calificó de “desmesurada” la multa impuesta al Gobierno de Aragón (600.000 euros) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De hecho, el proyecto para restaurar los daños de las crecidas de 2019 costó 339.097,77 euros.
Los ecologistas denunciaron la “irresponsabilidad” del departamento de Vertebración del Territorio. Y la CHE requirió a la DGA en varias ocasiones la “reestructuración fluvial del tramo afectado y la presentación de un documento técnico que mostrara la restauración, restitución o adecuación hidromorfológica de la obra efectuada”.
Al no haber respondido desde el Gobierno de Aragón en tres ocasiones (una en 2020 y dos en 2021), una portavoz de CHE detalla que tuvieron que abrir el proceso sancionador, que decidió al final el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
