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La Embajada de España en Mali controla el estado de los tres hijos de Fátima
Los menores nacidos en la capital aragonesa han manifestado su deseo de volver a España
La Embajada de España en Bamako (Mali) ha enviado a varios miembros de su personal a la vivienda del padre de Bouba (16 años), Awa (16) y Mouhamadou (6), nacidos en Zaragoza, para controlar su estado de salud, después de que la madre Fátima ganara su custodia en un juicio celebrado en su país. Esta actuación la han comunicado a las autoridades españolas y ahora están a la espera de que sean repatriados a la capital aragonesa.
El Defensor del Pueblo acaba de comunicar a la madre, que se encuentra en Zaragoza desde hace dos meses, cómo ha intervenido la legación diplomática española con sus hijos en el país africano. Ellos fueron retenidos contra su voluntad por su padre el pasado mes de agosto, cuando iban a regresar con su madre a España.
El informe precisa que cuando el personal de la sección consular se entrevistó con el padre, Abdoulaye Diarra, que tiene la doble nacionalidad de español y maliense, él manifestó su intención de volver a España “una vez que los tribunales malienses dicten sentencia". Se refería así al referirse sobre el recurso que interpuso contra la decisión de la custodia de los hijos en favor de la madre.
El padre no quiere divorciarse de la madre
Asimismo, el padre “expresó su deseo de no divorciarse de su mujer por ser ambos musulmanes”. Los trabajadores de la embajada española le informaron de la “necesidad de realizar seguimiento sobre la situación de sus hijos menores” (quienes llegaron a escapar de su domicilio y se personaron en la embajada buscando apoyo), y se le comunicó al padre que se harían “posibles visitas a su domicilio para comprobar su situación”, a lo que Darra manifestó su conformidad.
Aun así, el documento oficial recuerda que la protección y asistencia consular de las autoridades españolas en Mali, al amparo de la Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 1963, “no permite la interferencia en asuntos que se encuentren judicializados en ese país”.
En ese sentido, el control sobre la situación de los menores españoles (que también tienen la doble nacionalidad) seguirá velado por la Embajada de España en Bamako, pero no pueden realizar gestiones ni personarse en un asunto que está judicializado.
Fátima puede hacer alegaciones
El Defensor del Pueblo le da un plazo de treinta días a Fátima para que realice alegaciones sobre dicha cuestión para poder estudiar la posible conclusión de su expediente o la reanudación de la actuación abierta ante la Administración competente.
En su informe, la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, precisa que el personal de la Embajada de España en Bamako “conoce y está haciendo un estrecho seguimiento de su situación”. Esto se ha realizado con varios contactos con el padre, al que invitan en “regresar a España”, al tiempo que han renovado los pasaportes de los menores porque estaban caducados.
El personal consular visitó la vivienda en la que residen los menores y no apreciaron maltrato físico en ellos, que jugaban con otros familiares y estaban vestidos con ropa de deporte.
Aun así, los chicos expresaron “su deseo de volver a España para continuar su escolarización”, dado que han perdido ya todo el curso pasado. De hecho, aunque se encontraron escolarizados en una escuela turca de Mali, no pudieron continuar con los estudios que seguían en un instituto y dos colegios de Zaragoza.
Por otro lado, Joaquín Soguero, presidente de la Asociación de Inmigración España Abierta al Mundo, ha manifestado que ante la situación judicial favorable para el regreso de los menores, deben tenerse en cuenta la enfermedad del mayor. Apunta que sufre una miocardiopatía tratada en el Hospital Miguel Servet. También aprecian síntomas de "desnutrición " y de "una fuerte depresión infantil" al igual que sus dos hermanos menores.
En cuanto al proceso judicial abierto entre la madre y el padre sobre la custodia de los menores, el Defensor del Pueblo informa de que las autoridades judiciales malienses han decidido la suspensión de la ejecución de la sentencia que otorgaba la custodia a la madre de los menores.
