La tozuda frontera de los 20.000 habitantes en los pueblos de Aragón
Después de las tres capitales, los municipios más grandes de la Comunidad se quedan cerca de un límite de población que alteraría algunas de sus competencias.
Estos días sigue hablándose mucho del decreto gubernamental que obliga a las ciudades a crear zonas de bajas emisiones. Como es sabido, estas restricciones afectan a las ciudades de más de 50.000 habitantes y, en consecuencia, en Aragón apenas Huesca y Zaragoza han tenido que presentar sus planes para adaptarse a la medida y tratar de reducir la emisión de gases contaminantes.
No obstante, si se lee la letra pequeña del decreto, estas restricciones también deberían aplicarse a aquellos municipios "de más de 20.000 vecinos que superen los niveles máximos de contaminación". El caso es que en Aragón, tan ávido de población, tampoco hay más que un municipio que supere ese límite y no es otro que Teruel, con 36.240 habitantes censados. Los cielos turolenses distan mucho de tener dañinas concentraciones de partículas en suspensión, por lo que la capital bajoaragonesa queda libre también, al menos de momento, de las restricciones de tráfico.
Es curioso que muchos de los pueblos más grandes de Aragón se sitúan en torno a los 16.000, 17.000 y 18.000 vecinos. En este apartado se incluirían las localidades de Utebo, Monzón, Barbastro, Ejea de los Caballeros, Alcañiz… A un poquito más de distancia encontraríamos Fraga, Cuarte de Huerva, Jaca y Tarazona. Pese a su grandiosa catedral y lo popular de su festival de comedia, la capital del Queiles supera a duras penas los 10.500 habitantes.
Pero, ¿qué ventajas granjea superar la cifra mágica de los 20.000? ¿Puede conllevar también inconvenientes? Por un lado, hay algunas ayudas de carácter europeo a las que solo pueden optar las entidades con más población y, por otro, también hay programas del llamado ‘Reto demográfico’ a los que solo tienen acceso los que se ven más castigados por la despoblación. ¿Ejemplos concretos?
Los 20.000 son la cifra de corte no solo en el ‘affaire’ de las zonas de bajas emisiones sino también en la delimitación de muchas otras competencias: atención primaria, bibliotecas, escuelas infantiles, centros culturales.... También afecta a la decisión de Protección Civil de dejar en la mano de los ayuntamientos la gestión de situaciones derivadas de emergencias dentro de su ámbito territorial. Igualmente esta cifra de población puede granjear unos mejores servicios en lo que a instalaciones deportivas de uso público se refiere, pero también los municipios de más de 20.000 habitantes han de elaborar un mapa de ruido con los límites acústicos establecidos para cada zona. En lo económico, es sospechosa la coincidencia de que los municipios más pequeños son también los que menor renta tienen y los expertos han cifrado que el no superar el citado límite puede suponer para las localidades una merma de hasta 400.000 euros en el pago de tributos del Estado.
No es capricho intrascendente, por lo tanto, alcanzar esta cifra, sino que existen una serie de incentivos y dispensas con la que se trata de "racionalizar la administración local". Este es el motivo también por el que desde el Gobierno central durante años han tratado de instar a la absorción o fusión de municipios -el ejemplo claro es el extremeño de Don Benito y Villanueva de la Serena- para “optimizar los servicios que se prestan a los vecinos y que estos sean eficaces y también eficientes”. El dato es revelador: España cuenta con más de 8.000 municipios para una extensión de poco más de medio millón de kilómetros cuadrados, lo que a ojos de muchos europeos la hace “ingobernable”.
En Aragón, el caso más espinoso de todos es el de Calatayud que lleva ya dos años con un padrón por debajo de los 20.000 habitantes (hoy son 19.774). Fuentes del Ayuntamiento de la capital bilbilitana explican que, a medio plazo, sí se han planteado mejoras urbanísticas con peatonalizaciones de espacios del casco urbano, pero no lo hacen porque se vean obligados por la política de bajas emisiones sino por una apuesta por la movilidad sostenible. Además, también destacan que el aire es limpio en toda la comarca y, de hecho, lo es en toda la Celtiberia, una de las zonas más deshabitadas del país.
Padrón 'versus' INE
El número de vecinos de Calatayud ha sido el los últimos años motivo de discrepancias entre el Ayuntamiento y el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo estatal ya en 2018 emitió una notificación al Consistorio hace un mes explicando que la cifra de población del padrón municipal facilitada por la localidad y la obtenida por el INE no son coincidentes. El INE contabiliza un total de 19.976 habitantes, mientas que el primer edil bilbilitano, José Manuel Aranda, detallaba que había empadronadas 20.800 personas
Este desajuste se puede deber a que haya personas empadronadas en dos sitios a la vez, a nacimientos no contabilizados (caso raro) o población extranjera flotante que no renueva su empadronamiento. Ya entonces llovía sobre mojado porque en 2015 las dos entidades mantuvieron una disputa, llevada por la vía judicial, que el Supremo resolvió a favor del organismo estatal, rebajando el número de habitantes hasta los 19.724 para aquel año.
Hace unos años, durante la crisis económica de 2012, se debatió largo y tendido sobre la conveniencia (o no) de agregar municipios para crear entidades locales más grandes y eficientes. Se dijo entonces que 20.000 habitantes era el mínimo para que una localidad fuera viable, pero la casuística en cada rincón de España es muy diferente. La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local impide crear nuevos municipios sin una población mínima de 5.000 habitantes. En Aragón, actualmente hay 731 localidades, y el 74% de las mismas tiene menos de 500 vecinos. Es evidente que las ansias ‘fusionadoras’ de aquella época no llegaron a cuajar y, de hecho, el cambio más reciente en la Comunidad fue en la dirección contraria: supuso la segregación de Villamayor de Gállego de Zaragoza capital hace ahora 17 años.
