El Consejo Nacional del Agua ha refrendado este lunes el plan del Gobierno central para impulsar la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses de titularidad estatal. En concreto, un centenar de pantanos se verían afectados, 14 de ellos en Aragón, una de las pocas comunidades autónomas que ha rechazado el proyecto por su posible impacto ambiental, en las actividades turísticas y recreativas, y en las expectativas de regadío.

En cualquier caso, el proyecto de Real Decreto que ha diseñado el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha salido adelante con una “amplia mayoría”, como ha reconocido tras el encuentro el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la DGA, Joaquín Olona. El representante autonómico ha trasladado al Consejo el mandato de las Cortes de Aragón, que el pasado mes de mayo aprobó por unanimidad una moción del PP para rechazar en Madrid este tipo de instalaciones.

Por contra, el Gobierno ha vuelto a defender los beneficios de ampliar las plantas fotovoltaicas a la lámina de agua de los pantanos y el “creciente interés” del sector de las renovables por esta alternativa. “Identificamos ya un volumen muy importante de demandas”, ha apuntado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. A su juicio, la futura ordenación “facilitará los procesos de toma de decisión de la administración hidráulica competente en la gestión de estas masas de agua sobre qué espacios concretos, en qué condiciones y con qué densidad se podría llevar a la práctica este este tipo de actividad”.

El ámbito de aplicación potencial del Real Decreto serán los embalses de titularidad pública y privada ubicados en dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias, dependientes de la Administración General del Estado. La instalación de generación solar fotovoltaica flotante se hará en régimen de concesión para cada proyecto por un período máximo de 25 años, prórrogas incluidas, y se limitará a masas de agua muy modificadas o artificiales.

En cualquier caso, el Ministerio ha elaborado un profuso listado de excepciones, con el fin de evitar el impacto medioambiental y garantizar los usos recreativos y de navegación. Uno de los principales indicadores será el estado trófico del pantano, es decir, su carga de nutrientes, para no dañar el ecosistema.

Como ha recordado Olona hoy en Madrid, la aprobación de la nueva norma “no quiere decir que cualquier instalación se vaya a llevar a cabo sin más, se tendrá que aprobar caso a caso y proyecto a proyecto, cumpliendo con las condiciones establecidas en el propio decreto”, ha puntualizado Olona.

Del centenar de embalses preseleccionados para albergar plantas flotantes, 14 se encuentran en Aragón. En los de Moneva, El Val, Cueva Foradada, Lechago, Gallipuén, Tranquera y Sotonera, las compañías eléctricas podrán explotar entre un 5% y un 20% de la masa total embalsada. Esto implica que las placas flotantes podrán ocupar un máximo de 138,5 hectáreas. Además, en los de Lanuza, Búbal, El Grado, Montearagón, Ardisa, La Estanca y San Salvador, el Ministerio no ha definido su grado trófico, que quedará sujeto al análisis que haga la compañía eléctrica solicitante.

La propuesta ha despertado un fuerte rechazo en Aragón, por las afecciones al territorio y su actividad. Sin embargo, el Gobierno central defiende su puesta en marcha. Según el Ministerio, las plantas fotovoltaicas flotantes “presentan mejor rendimiento energético que las terrestres gracias a los efectos de enfriamiento del agua y la disminución presencia de polvo”, entre otros aspectos. 

Además, la posibilidad de agregar capacidad solar flotante a las centrales hidroeléctricas existentes “es de particular interés”, puesto que “la capacidad solar se puede utilizar para aumentar la producción de dichas instalaciones y la optimización de las infraestructuras de evacuación ya existentes, y también puede ayudar a gestionar los períodos de baja disponibilidad de agua”. Por ello, seguirá adelante con la tramitación del Real Decreto, que ahora deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros.