Las comunidades de propietarios de Aragón están contentas, pero solo a medias. La deuda que con ellas han contraído durante los años de crisis económica miles de morosos (entre los que no solo hay vecinos, también entidades financieras, promotoras, etc.) sigue descendiendo. La buena nueva es que solo en 2016, la morosidad retrocedió un 7,8%. La mala, que la cantidad de dinero que se les debe todavía es muy elevada: se sitúa muy cerca de los 47 millones de euros.

De ese montante, al menos 9,37 millones pertenecen a las entidades financieras titulares de inmuebles. Tras retroceder más de 11 puntos porcentuales en tan solo un año, la deuda bancaria retrocedió por debajo de los 10 millones de euros el año pasado, un indicador para la esperanza.

La provincia de Zaragoza concentra más del 50% de la deuda global existente y más del 75% de la deuda bancaria. Son datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), que con su difusión quieren poner en valor los problemas que generan a las comunidades de propietarios estos impagos y que pasan, principalmente, por la imposibilidad de acometer obras en las fincas.

Actualmente, este hecho podría acarrear a las comunidades problemas legales, ya que de acuerdo con la ley que vela por los derechos de las personas con discapacidad, reformada por última vez en 2013, todos los edificios deberían ser accesibles antes del próximo 4 de diciembre, lo que en muchos casos supone llevar a cabo obras. "Debido a la morosidad aún existente, muchas comunidades de propietarios no podrán rehabilitar ni hacer accesibles sus edificios", valoraron desde CGCAFE, "un problema, sin duda alguna, de la máxima incidencia para los ciudadanos y para la mejora del parque inmobiliario".

La morosidad en este ámbito, por supuesto, no es exclusiva de Aragón: se estima que la deuda existente en toda España a finales del año pasado rozó los 1.666 millones de euros tras caer en 2016 un 12,2%.

De acuerdo con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, cerca del 40% de edificios españoles tienen morosos, siendo el importe medio de la deuda de unos 1.109 euros.

Las soluciones que proponen desde los colegios de administradores de fincas pasan por redactar una nueva ley de Propiedad Horizontal que pongan freno a las deudas. Pero hasta que el Gobierno se ponga a trabajar en el texto legislativo, los administradores de fincas han elaborado una suerte de decálogo antimorosos que pasa por tomar las siguientes medidas:

Las cuotas que se van a reclamar deben estar bien detalladas junto con todos los demás acuerdos de la comunidad. Las actas deben contener la siguiente información: lugar, fecha y hora de la reunión, los asistentes y sus coeficientes de participación, el orden del día, el nombre y la firma del presidente y del secretario. Comprobar que las cuotas que se reclaman están bien calculadas. Si es necesario convocar un junta para subsanar los errores. Comprobar la titularidad de la propiedad. Intente requerir el pago amistosamente al propietario. Convocar una junta general y acordar la liquidación de la deuda y su reclamación judicial. Requerir el pago fehacientemente en el domicilio del titular dando un plazo concreto para el pago. Si no se consigue realizar la notificación, el secretario de la comunidad emitirá un certificado indicando esta circunstancia y el detalle de la deuda. Colocar dicho certificado con el visto bueno del presidente en el tablón de anuncios o en lugar visible dando un plazo muy corto para el pago. Presentar la demanda en el juzgado. No es preceptivo, pero si es conveniente, contar con un abogado.