Nuevo episodio de desencuentro entre la Agencia Tributaria (AEAT) y la abogacía tan solo unos meses después de la polémica a cuenta de la aplicación del 21% de IVA al turno de oficio. En esta ocasión el 'lío' viene porque Hacienda ha manifestado su voluntad de revisar las declaraciones de IRPF presentadas por letrados y procuradores en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 en busca de posibles fraudes.

Esto es algo que ha desatado un profundo malestar entre el colectivo, un descontento que también se orienta en parte al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues este órgano ha autorizado a la AEAT a acceder a los datos de los juicios celebrados en los años objeto de revisión, para comprobar si los profesionales tributaron sus honorarios tal y como establece la ley. Entre otros datos, Hacienda ha solicitado poder conocer el número de identificación de los abogados intervinientes en los casos, su NIF, el número de colegiado, las fechas durante las que se llevó a cabo el procedimiento, el órgano que lo juzgó y el importe de cada procedimiento judicial.

De acuerdo con el informe 'La justicia dato a dato' correspondiente al año 2016, un estudio elaborado por el propio CGPJ, en España hay alrededor de 152.373 abogados en ejercicio y 10.347 procuradores. Alrededor de 3.200 letrados están colegiados en alguno de los tres colegios de Aragón, mientras que el número de procuradores que trabajan en la Comunidad asciende a 312.

Una sospecha injustificada

Aunque podría parecer una decisión relativamente reciente, lo cierto es que Hacienda ya avisó cuando presentó su plan anual de control tributario y aduanero, a principios de año, de que, entre otros aspectos, durante el ejercicio 2017 vigilaría más de cerca los sectores en los que se apreciara "una especial percepción de elevados niveles de economía sumergida". A tenor de los acontecimientos no es descabellado pensar que la Agencia Tributaria podría estar encuadrando la actividad de abogados y procuradores como uno de estos sectores con fraude.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que representa a todos los colegios de abogados del país, ha censurado en un comunicado tanto la conducta del CGPJ como de la Agencia Tributaria, cuyo actitud, opinaron, "siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas y se basa en un concepto – la “trascendencia tributaria”- ambiguo y jurídicamente indeterminado".

Sobre la cesión de datos de la esfera judicial al organismo tributario, los abogados dicen que se trata de un trasvase de información "de carácter masivo, sin la adecuada justificación y por ello sin amparo en el marco normativo". Según los cálculos del CGAE, la revisión que quiere llevar a cabo Hacienda afectaría a "casi 23 millones de asuntos judiciales". Desde el Consejo General de la Abogacía ya han anunciado que estudiarán la impugnación del acuerdo del CGPJ que permite la cesión de datos y también su suspensión cautelar del mismo.

No obstante, valoran el hecho de que fuera de la autorización del CGPJ hayan quedado los datos que identifican a los clientes de abogados y procuradores, una información que también solicitó Hacienda, y recuerdan que cuando la AEAT ha solicitado este tipo de datos a los colegios de Abogados, los tribunales económico-administrativos han resuelto que tales peticiones eran contrarias a la legalidad.

"Los abogados, como cualquier otro profesional, están sometidos a las normas de tributación legalmente establecidas y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales", valoraron desde el Consejo General de la Abogacía apuntalando su defensa, para añadir que "esta solicitud de la AEAT sobre asuntos que están en los juzgados y tribunales por innecesaria, redundante y desproporcionada no hace sino extender la sospecha sobre un colectivo determinado".

Segundo desencuentro este año

Esta no es la primera vez que las relaciones entre la Agencia Tributaria y la abogacía andan un poco tensas este año. A principios de este año, cayó como una bomba en la profesión que Hacienda quisiera aplicar el 21% de IVA a los servicios de justicia gratuita cambiando así un criterio que llevaba décadas vigente. El Gobierno descargó toda la responsabilidad de la decisión sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la justicia gratuita en Bélgica que establecía que este sujeto debía estar sujeto a IVA.

Los abogados desde un primer momento mantuvieron que el sistema español de turno de oficio no era equiparable al belga y que la justicia gratuita en España, por su propia naturaleza, no está sujeta a IVA”. Tras semanas de intensas negociaciones, dimes y diretes, Hacienda dio marcha atrás y desistió en su ánimo de aplicar este impuesto al turno de oficio.

Poco ha durado la calma entre Hacienda y la abogacía. Habrá que estar muy pendientes de cómo evolucionan los acontecimientos en torno a este asunto, si la AEAT lleva a cabo las inspecciones, o si por contrario el malestar generado en el colectivo de abogados y procuradores surte su efecto y el organismo tributario desiste de su ánimo.