El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una inversión de 77,3 millones para el nuevo contrato de transporte sanitario urgente, que se espera que se firme en otro y que se extenderá hasta 2021.

El presupuesto es un 28% superior al del contrato actual, según ha explicado el consejero aragonés de Sanidad, Sebastián Celaya, ya que se incorporan las nuevas exigencias recogidas en un decreto estatal de 2012 y además se mejora la cobertura del territorio.

Así, ha detallado que se contará con nuevos vehículos y habrá 88 dispositivos, incluyendo  ambulancias en Utebo, Zuera (ambas se atendían hasta ahora desde Zaragoza), Épila y Campo. Esta última localidad será la base de una unidad móvil de emergencias (UME) para atender las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza, que llevan años reivindicando este servicio.

El despliegue de las nuevas ambulancias será progresivo y se prevé que todas estén disponibles en 2019, si bien Celaya ha confiado en que las empresas licitadoras incluyan su incorporación inmediata como mejora voluntaria para hacerse con el contrato.

Además, se reforzará la prestación del servicio durante los fines de semana en Zaragoza capital con tres ambulancias convencionales más, "dada la elevada presión a la que están sometidos los recursos disponibles en esta área", según el Gobierno PSOE-CHA.

Mientras, en Calamocha y Mosqueruela se sustituirán en 2020 sendas ambulancias convencional por otras de soporte vital básico (que además de conductor lleva un técnico de reanimación).

Ley de Capitalidad

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el proyecto de ley de Capitalidad, por la que inicialmente Zaragoza recibirá 21 millones de euros. Ahora se remitirá el texto a las Cortes para su tramitación y aprobación definitiva, que se espera que sea antes de fin de este año.

También se ha aprobado el proyecto de ley para la extinción del Instituto Aragonés del Agua y su reconversión en una dirección general del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Los sindicatos CC. OO, CSIF y UGT han criticado que se plantee la integración de los 35 trabajadores con contrato laboral fijo (además hay siete funcionarios) como personal laboral "a exinguir".