Casi el 100% de los 700 examinadores de Tráfico del país realizan este viernes un paro total, que tendrá su colofón en una manifestación ante las puertas de la Dirección General de Función Pública en Madrid. Los convocantes -en este caso, los propios trabajadores, sin participación sindical- reclaman mejoras laborales y, en especial, la subida de un complemento específico que llevan solicitando desde hace más de tres años.

La huelga se repetirá todos los lunes, martes y miércoles a partir del próximo 19 de junio y hasta el 31 de julio, aunque desde la asociación que aglutina a estos funcionarios (Asextra) no descartan que, de no ser escuchadas sus demandas, se prolonguen a partir del mes de septiembre.

Los paros llegan en plena temporada alta, ya que es la época del año en que las autoescuelas reciben a más alumnos, en especial jóvenes que han acabado la selectividad o el curso escolar. Solo en Aragón, la protesta de este viernes obliga a cancelar 170 exámenes programados, ya que se prevé que sigan la huelga 15 de los 17 funcionarios de las tres provincias, sin contar las bajas. De ahí que desde el sector se tema un “gran colapso”, tal y como señaló Carlos Bricio, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza.

Todo ello en una actividad que ya de por sí muestra signos de atasco, dada la escasez de examinadores. En la capital aragonesa la situación ha mejorado en los últimos años. La jefatura recibió un refuerzo de trabajadores que le permitió salir del grupo de provincias con mayores retrasos a la hora convocar fechas de examen, lo que obligaba a muchos alumnos a desplazarse a ciudades limítrofes como Huesca. En la actualidad prestan servicio 13 trabajadores, aunque de ellos, uno se encuentra de baja y otro está reforzando a otras provincias.

Sin embargo, la escasez de plantilla sigue siendo “especialmente grave” en doce jefaturas de Tráfico, que aportan el 48% de los permisos expedidos en España (Alicante, Baleares, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, La Rioja, Lérida, Madrid, Navarra, Tarragona y Valencia), en las que llegan a acumularse retrasos para realizar el examen “de un mes o más, por no mencionar los cambios de fecha de última hora”, según denunció la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

Movimientos in extremis

En los últimos días se han llevado a cabo gestiones por parte de todos los implicados para encontrar una solución que evite el paro y sus consecuencias. El primero en mover ficha tras la convocatoria fue el director de la DGT, Gregorio Serrano, quien convocó a los examinadores a una reunión donde acercar posturas. Un encuentro en el que, a pesar de que el máximo responsable de Tráfico aseguró que “se están luchando” sus mejoras salariales, no se llegó a un desbloqueo de la situación.

Desde Asextra consideran que su propuesta lleva tantos años a la espera de una respuesta del Cecir -la Comisión Interministerial de Retribuciones, encargada de aprobar este tipo de modificaciones-, que sin una respuesta real, con hechos y no con promesas, no cancelarán su protesta.

Poco después fue el grupo parlamentario del PSOE el que solicitó al Congreso habilitar una partida de los presupuestos de 3 millones de euros destinada a los examinadores, que recibió el apoyo de Podemos, pero que fue rechazada por el Partido Popular, Ciudadanos, PNV y UPM.