Pupitres y pizarras en los tribunales

El Departamento de Educación está situado en antiguas dependencias de la Expo. Concretamente, frente al Palacio de Congresos, en un edificio que en el verano de 2008 ocupaban los pabellones de países como México, Angola o Nepal. Cerca de estas instalaciones, aunque en la otra cara de lo que fue la exposición internacional, está la Ciudad de la Justicia. Pero, además de la cercanía física entre estas dos administraciones, Educación se ha tenido que ver las caras con la Justicia en más ocasiones de las que querría. Aunque no hay sentencias definitivas, que podrían acabar dándole la razón, la Consejería que lidera Mayte Pérez ha tenido que dar marcha atrás en algunas de sus más significativas medidas para cumplir las medidas cautelares impuestas por los tribunales, que han paralizado decisiones acerca del colegio Ánfora, el cierre de clases en los centros concertados o la pretensión de reducir el horario de Religión.

El caso del ánfora

Recién aterrizado el Gobierno PSOE-CHA en el Pignatelli, una de las primeras resoluciones de Educación fue denegar el permiso de apertura al colegio internacional Ánfora de Cuarte de Huerva, cuya construcción había permitido el anterior Ejecutivo. El Departamento estimó que el edificio no se encontraba en condiciones para comenzar su actividad. Sin embargo, los tribunales autorizaron de forma provisional que abriera en septiembre de 2015. Aunque el centro empezó a dar clase con normalidad, no sería el único asunto judicializado. Pérez y su equipo denegaron posteriormente el concierto de sus aulas y, de nuevo, a través de medidas cautelares, los juzgados obligaron a que el Ánfora recibiera subvención por parte del Gobierno autonómico. Meses después, durante el proceso de aulas vacías, Educación quiso retirar la financiación pública a una de sus clases, pero los jueces tampoco lo permitieron, ya que el colegio acababa de abrir y no había podido captar más estudiantes. El Departamento, en cualquier caso, ante la presión de plazas en Cuarte de Huerva y el número de peticiones llegadas de las familias del municipio, le concedió una segunda vía para 1º de infantil, que se mantendrá el próximo curso.

La asignatura de religión

El curso pasado, Educación quiso reducir el horario de Religión en el ciclo de primaria a una sola clase semanal de 45 minutos. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) concedió las medidas cautelares pedidas por los obispos aragoneses y el sindicato de enseñanza Apprece para que se mantuviera como hasta ahora: con 90 minutos por semana. Y lo hacía, según apuntaba el propio Tribunal, para colocar la asignatura en igualdad de condiciones con el resto de materias. Unas semanas antes, el TSJA también había dictado medidas cautelares, solicitadas también por los titulares de las diócesis de la Comunidad, obligando a ofertar Religión dentro de las 30 horas lectivas obligatorias en el caso de 2º de Bachillerato.

El reparto de acneaes

El TSJA ordenó el pasado mes de noviembre la ejecución forzosa de una sentencia de 2014, favorable a la ampa del colegio Pío XII de Huesca, para proceder a una distribución más equilibrada de los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo por todos los colegios, y evitar así la creación de centros gueto. Aunque este conflicto se remonta al anterior Ejecutivo aragonés, el PP, ha sido la Consejería de Mayte Pérez la que ha tenido que tomar cartas en el asunto y buscar las fórmulas para mejorar la escolarización de estos estudiantes, conocidos como Acneaes. Por ejemplo, firmando un protocolo de colaboración con los ayuntamientos de las tres capitales aragonesas, encargados de detectar familias con problemas a los que el Departamento pueda guiar posteriormente acerca del colegio que mejor se adapte a sus necesidades.

La no duplicidad de titulaciones

Este asunto no compete a Educación, sino al Departamento de Universidad. El veto a que la Universidad San Jorge pueda implantar titulaciones que existen ya en los campus de Huesca, Teruel o La Almunia se encuentra en la Audiencia Nacional –por petición de Competencia– y en el Tribunal Constitucional, recurrido por el Gobierno central.­

El cierre de la concertada

En marzo de este mismo año, y tras unas semanas en las que se aireó la posibilidad de cerrar aulas en la educación concertada, una exigencia de Podemos para aprobar el presupuesto, el PSOE decidió no ofertar en el presente proceso de escolarización 13 aulas de 1º de infantil. La decisión motivó una masiva manifestación en Zaragoza, los colegios afectados acudieron a los juzgados de lo contencioso administrativo de Zaragoza, y 12 de ellos lograron también con medidas cautelares mantener la misma oferta que en este curso. Hace solo unas semanas, dentro del proceso de revisión de conciertos en marcha, Educación insistió en quitar la financiación a 13 clases de otros tantos centros, no exactamente los mismos que en su decisión anterior. De ellos, siete acudieron al TSJA (otros aún lo estudian), que concluyeron también que Educación mantenga el concierto hasta que tome una decisión definitiva.