La aprobación del presupuesto desbloquea al fin subvenciones por más de 60 millones

Con cinco meses de retraso, los cuatros partidos de la izquierda sumaron ayer sus votos para aprobar los presupuestos de este año, lo que permitirá al fin desbloquear decenas de líneas de subvenciones, programas de apoyo a parados o contratos de investigación que suman más de 60 millones de euros, además de poder adjudicar equipamientos educativos y sanitarios demandados desde hace años.

Las cuentas salieron adelante entre críticas de la oposición al Gobierno PSOE-CHA, que se tuvo que escuchar incluso de Podemos e IU a cuenta del escaso margen que queda para hacerlas realidad. El centroderecha, PP, PAR y C’s, fue especialmente duro al reiterar que se trata de un año "perdido" porque, a estas alturas y con los plazos legales de las convocatorias públicas, los presupuestos son "incumplibles".

Pese a las críticas de sus socios de investidura, se cumplió el guión establecido y el Gobierno de Lambán dispuso de los votos del PSOE, CHA, Podemos e IU para sacar adelante su proyecto económico, que asciende a 5.577 millones de euros, un 8,72% más, tras nueve horas de debate.

Con su publicación la próxima semana en el boletín oficial, la DGA podrá impulsar una veintena de convocatorias de acción social que suman 10 millones. Entre ellas, las ayudas de dependencia y discapacidad y las de inclusión, que estarán resueltas en verano. Un poco más tarde se concederán las ayudas a la rehabilitación de vivienda, que serán ampliables para poder sumar la financiación estatal (pendiente de firma) y llegar así a los 10 millones.

Igualmente, el Inaem tendrá potestad para lanzar programas de empleo para jóvenes y parados de larga duración que suman 8,5 millones y Educación estará en disposición de adjudicar antes del verano dos de los colegios solicitados en el sur de Zaragoza, Parque Venecia y Valdespartera 3.

En el caso de los hospitales comprometidos, en el mejor de los casos empezarán las obras del de Alcañiz en el último trimestre, pero sin poder gastar siquiera los 11,5 millones presupuestados, a los que se han añadido otro por vía de enmiendas. La tramitación del nuevo complejo de Teruel se alargará, por lo que su partida testimonial no se llegará a gastar.

El desbloqueo también garantizará resolver los ocho contratos de investigación de la fundación Araid y las ayudas de máster estratégico, que unidas al resto del Departamento de Innovación y Universidad suman en torno a 7,5 millones.

Tensión entre los socios

El diputado podemista Héctor Vicente llegó a decir que las cuentas habían llegado "tarde y mal", responsabilizó únicamente al Gobierno pese a los meses de dimes y diretes para pactarlas con ellos y advirtió al PSOE, como hizo el lunes su líder, Pablo Echenique, de que supone la "última oportunidad" para que cumpla sus compromisos.

El diputado socialista Alfredo Sancho defendió las cuentas con el argumento de que "consolidan" la recuperación del Estado del bienestar, "combaten" la pobreza y reflejan el compromiso con la educación y la sanidad públicas y la vivienda social. Negó incluso las críticas que le lanzaron sobre el "rodillo" aplicado a la hora de rechazar enmiendas de los grupos, de las que se han aprobado el 27% de las 1.186 registradas. "Son cuatro puntos menos que el año pasado. Vaya rodillito", dijo.

Aludió incluso a las inversiones, que crecen más de un 7% respecto al año pasado hasta superar los 405 millones, aunque el diputado del PP, Antonio Suárez, se encargó de recordarle el tijeretazo acumulado, que retrotrae el esfuerzo a niveles de hace dos décadas. "Son 113 millones menos que en el último año del gobierno PP-PAR", criticó el diputado popular tras considerar que era el presupuesto "más malo" de los que había conocido en su larga carrera política.

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, aludió a los modelos contrapuestos evidenciados en el debate e instó a hacer "lo posible e imposible" para ejecutar un proyecto de izquierdas.

Los socios de investidura también tuvieron reproches. Héctor Vicente apuntó que los presupuestos eran "francamente mejorables", aunque los apoyaban por ser mejores que los del PP o que mantener la prórroga de 2016. Mientras, Patricia Luquin exigió garantías de que se ejecuten para que el "giro tibio a la izquierda" no quede "en papel mojado".

Ataques cruzados

Los ataques entre la izquierda y el centroderecha por sus diferencias de "modelo" se repitieron sección por sección en un largo debate. "Revanchista", "sectario", "triste", "preocupante" y "adoctrinador" fueron algunos de los calificativos utilizados para referirse al presupuesto.

Especialmente dura fue la diputada aragonesista Elena Allué, quien vaticinó que el Gobierno de Lambán y Podemos pasarán a la historia por su "irresponsabilidad", mientras Javier Martínez, de C’s, lamentó la conversión del presupuesto "en un instrumento de lucha" entre socios antes de augurar que no se cumplirá y acabará siendo prorrogado en 2018.