Beamonte suprime los complementos que paga el PP a altos cargos desde la etapa de Rudi

El nuevo presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, ha presentado ante el comité de dirección del partido, que se reunió ayer por primera vez tras el congreso regional de marzo, una propuesta de calado: la anulación de todos los complementos salariales que la formación pagaba a varios de sus altos cargos como dietas o gastos para mejorar las remuneraciones que ya recibían por sus ocupaciones institucionales y parlamentarias. Eso implica que se suprimirán tanto lo que abonaba directamente el partido a cuatro de sus dirigentes entre 2011 y 2015, como los que daba el grupo de las Cortes al margen de las establecidas por la Cámara para las portavocías, miembros de mesa y comisión y responsables de área, y que suponen un aumento de lo que ya cobran en función de la asistencia y del cargo. La iniciativa se extiende a todos los grupos del PP en las diputaciones y en los ayuntamientos y fue aprobada ayer por unanimidad en el comité regional de dirección.

Estas medidas suponen cuestionar la gestión anterior, aunque la propuesta está argumentada por "un cambio de criterio", evitando cuestionar la decisiones tomadas en la etapa de Luisa Fernanda Rudi. En la reunión de ayer, cuya convocatoria no se hizo pública, también se adoptaron acuerdos sobre funcionamiento interno.

El abono de los complementos salariales del partido a altos cargos, que fue aprobado en 2011, lo desconocía la mayoría de los miembros de la dirección regional, según afirmaron varios de sus miembros, incluidos los tres presidentes provinciales de entonces (Beamonte, Torres y Pobo), cuando salieron a la luz en febrero de 2013. Los beneficiarios fueron la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y tres de sus consejeros: Roberto Bermúdez de Castro, Modesto Lobón y Dolores Serrat. Las cantidades oscilaron entre unos 30.000 euros al año para la presidenta y unos 18.000 euros anuales para los tres consejeros.

El pago de estos sobresueldos estaba declarado a Hacienda por los afectados y avalado por un dictamen de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico, pero cuando se conocieron en una junta directiva regional dos años después de que se empezarán a pagar, levantaron una fuerte convulsión política dentro y fuera del PP aragonés. De hecho, el PSOE pidió un informe jurídico y todos los partidos políticos aragoneses cuestionaron y criticaron que se pagaran estos complementos salariales en plena crisis y con severos recortes en las políticas sociales.

Fundamentalmente, el dinero procedía de las aportaciones del grupo popular de las Cortes de Aragón al propio partido, como hacen todas las demás formaciones para contribuir a las necesidades de contratación de personal y gastos de sedes y de funcionamiento cotidiano. Todos los partidos, sin excepción, reciben una aportación de sus grupos en la instituciones, ya sea directamente desde el salario de sus cargos públicos o bien desde el dinero que reciben los grupos en función de su representación, como marca la legislación vigente.

La prohibición de los llamados complementos salariales, que ayer aprobó la dirección del PP-Aragón, también se extenderá a todas las instituciones, es decir a las grupos del PP en las diputaciones provinciales y en todos los ayuntamientos de la Comunidad. Así como al grupo parlamentario de la Cámara aragonesa que a partir de hoy no podrá seguir pagando unos 12.000 euros al año adicionales al sueldo de portavoces, miembros de mesa y comisiones y responsables de área. Cantidad que reciben un alto porcentaje de los diputados autonómicos del PP aragonés.

Precisamente este complemento salarial a la mayoría de los diputados regionales ya abrió una confrontación interna en el PP aragonés en la pasada legislatura y varios de sus parlamentarios en la pasada y en la actual legislatura se negaron a cobrarlo.

Los fondos destinados a esos complementos se usarán para contratación de técnicos, mantenimiento y arreglo de sedes y actividades del partido.