Ciudadanos pide "el cumplimiento íntegro" de la Ley de Mediación Familiar

El Gobierno de Aragón tenía una partida de 300.000 para esta cuestión de los cuales solo se han ejecutado 70.000.

El Grupo de Ciudadanos (C's) en las Cortes de Aragón ha exigido que "el cumplimiento íntegro" de la Ley de Mediación Familiar sea "una realidad". Así lo ha manifestado el portavoz de la formación en la Comisión de Institucional, Ramiro Domínguez, tras anunciar la Proposición no de Ley que será debatida este lunes, 14 de noviembre, en el Parlamento aragonés.


Domínguez ha indicado que el Gobierno aragonés va a firmar un total de ocho convenios de colaboración con otros tantos colegios profesionales de la Comunidad para que participen en la difusión y divulgación de la mediación "como fórmula alternativa y complementaria al proceso judicial".


Según el diputado, en los supuestos de ruptura matrimonial o de ruptura de la convivencia, la mediación familiar se ofrece como vía complementaria a los procesos tradicionales de separación o divorcio.


Se trata de un proceso de resolución de conflictos, absolutamente confidencial, que permite que las partes implicadas puedan comunicarse entre sí, expresando sus puntos de vista, argumentos, intereses, necesidades o expectativas y llegando, en su caso, a acuerdos mutuamente consentidos de corresponsabilidad, sobre todo aquellos que produzcan beneficios para los hijos.


El parlamentario ha exigido al Gobierno "la apuesta decidida" por la mediación, ya que existen recursos destinados para ello. "En los presupuestos de la Comunidad de este año se habilitó una partida de 300.000 euros destinada a la promoción de la mediación intrajudicial, cuya ejecución corresponde a la Dirección General de Justicia e Interior, pero la ejecución de esta partida se ha limitado a la cantidad de 70.000 euros, lejos de paliar los conflictos a los que va dirigida la mediación intrajudicial, se limita a una simple divulgación de la mediación en los últimos meses del ejercicio", ha añadido.


Domínguez ha confiado en el apoyo de todos los grupos parlamentarios, ya que se pretende establecer un marco normativo "favorable" al desarrollo de la función mediadora. 

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