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Caso Kartódromo

La Fiscalía insiste en que Esco y Becerril deben ser juzgados por un tribunal popular y no por magistrados

Los principales acusados del caso Kartódromo, para los que se piden 10 años de cárcel, no han acudido a la vista previa celebrada esta mañana en el TSJA.

M. A. Coloma. Zaragoza Actualizada 05/10/2016 a las 11:49
Carlos Esco –izquierda– y Ricardo García Becerril, juntos en la Audiencia de Zaragoza en una imagen de archivo.Oliver Duch

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha celebrado este miércoles una vista para resolver si los acusados del Caso Kartódromo, el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco y el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) Ricardo García Becerril, deben ser juzgados por magistrados profesionales o por un tribunal popular integrado por nueve ciudadanos. Y aunque las defensas mantienen que la competencia corresponde a un tribunal profesional de la Audiencia de Zaragoza, la Fiscalía ha insistido en que los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho que se les atribuyen obligan a que sea un jurado quien decida sobre su culpabilidad o inocencia. De hecho, esto fue los mismo que dijo hace unos meses la magistrada Esperanza de Pedro cuando tuvo que dirimir la misma cuestión en la Audiencia. Pero su auto fue recurrido y los acusados confían en que el TSJA cambie ahora de opinión.

Para Esco y García Becerril, que no han acudido a la vista, la Fiscalía pide sendas penas de diez años de prisión por el presunto cobro de una comisión ilícita de 611.110 euros. Cantidad que supuestamente les habría pagado el dueño del antiguo circuito de karts de la autovía de Madrid cuando cerró con ellos la venta de los terrenos a Plaza en 2004. Fue precisamente el propietario de la parcela, Santiago B., quien confesó a la Policía y al juez instructor del caso el abono de la comisión, en efectivo y en tres plazos. Y ello le ha supuesto ser acusado también de un delito de  cohecho y enfrentarse a una petición de prisión de año y medio. Porque las acusaciones, que ejercen además del ministerio público, la DGA y Plaza, consideran que los tres encausados pactaron un precio de venta del suelo muy superior al de mercado.

El abogado del Ricardo García Becerril, José María Gimeno del Busto, ha aprovechado la vista para pedir también al TSJA que el caso Kartódromo se una al llamado caso Plaza, en el que tanto su cliente como Esco están igualmente acusados. "Se trata de hechos conexos y juzgarlos de forma separada solo perjudicaría a nuestros defendidos", ha argumentado el letrado.

La defensa del exviceconsejero de la DGA, a cargo de Carlos Monclús, aunque no recurrió el auto de la Audiencia Provincial, se ha pronunciado también a favor de unir ambas causas. Frente a esta postura, la Fiscalía ha explicado que al desgajar ambos procedimientos se pretendió tramitarlos con mayor agilidad y "hacerlos más entendibles a los tribunales que deben juzgarlos". Su representante, Carlos Sancho, ha recordado también que, de acumular ambas causas podría resultar que un jurado popular tuviera que juzgar tanto los hechos del caso Kartódromo como los del caso Plaza.

Además de sobre la cuestión de competencia y de la posible acumulación de las causas, el TSJA tendrá que pronunciarse sobre la posible prescripción de alguno de los delitos que se imputan a los acusados. Se prevé que la decisión de la Sala de lo Civil y Penal se conozca en pocos días.



 







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