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Corrupción

​Esco y Becerril intentan evitar 'in extremis' que el caso Karting lo juzgue un Tribunal Popular

La Audiencia ha celebrado esta mañana una vista previa al juicio en la que los abogados del exviceconsejero de la DGA y del exgerente de Plaza han alegado también que los delitos que se les imputan han prescrito.

Miguel Ángel Coloma. Zartgoza Actualizada 24/05/2016 a las 11:34
Carlos Esco –izquierda– y Ricardo García Becerril, juntos en la Audiencia de Zaragoza.Oliver Duch

Los principales acusados del llamado caso Karting, el exviceconsejero de la DGA Carlos Esco y el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, no quieren que sea un Jurado Popular el que decida si cobraron o no una comisión ilícita de 611.110 euros por la compra del circuito que se utilizó para construir los accesos al centro comercial Plaza Imperial. Así se lo han hecho saber este lunes a la Audiencia de Zaragoza en una vista previa al juicio, para el que aún no hay fecha pero que se prevé para el próximo otoño.

Como no estaban obligados a comparecer en la sala, han sido sus respectivos abogados -Juan Monclús y José María Gimeno del Busto- quienes han argumentado ante la magistrada Esperanza de Pedro -a quien corresponderá presidir el Tribunal Popular- por qué deben ser tres jueces de carrera quienes enjuicien a sus respectivos clientes. Para la defensa de García Becerril, el hecho de que se les acuse de hasta cuatro delitos que no son competencia del Jurado -estafa, apropiación indebida, administración desleal y malversación impropia- obliga a recurrir al tribunal profesional. En el caso de Carlos Esco, su abogado ha asegurado que no tiene preferencia por uno u otro tribunal, para añadir que, "dada la complejidad del asunto" y su "carácter técnico", sería preferible que la vista se celebrara ante tres jueces.

Además de la cuestión de competencia, las defensas han vuelto a mostrar ante la Audiencia de Zaragoza su convicción de que los delitos por los que se les acusa han prescrito. A esta tesis se ha sumado el abogado Valentín Romero, quien representa al vendedor del cartódromo, también acusado por cohecho en este procedimiento.

El juez instructor del caso, José Ignacio Martínez, llegó a la conclusión de que "existen indicios" para juzgar a los dos exaltos cargos del Gobierno de Marcelino Iglesias y al vendedor del suelo como cooperador necesario en la venta del cartódromo "por un precio muy superior al de mercado, distrayendo dinero público de la sociedad pública Plaza". Es más, recuerda que el propio vendedor de los terrenos ratificó en el juzgado lo declarado previamente ante la Policía: el desembolso de una comisión de 661.110 euros, efectuado en tres entregas a García Becerril en una céntrica cafetería de Zaragoza entre los veranos de 2004 y 2005. La Policía corroboró dichos pagos a través de las extracciones bancarias que hizo el empresario.







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