"Entendemos que la Guardia Civil tiene menos efectivos de los que necesita, pero han cambiado las reglas para hacerlas más rígidas a mitad del partido sin dar alternativas ni dialogar". Así resume Roberto Iglesias, presidente de la peña Edelweiss de Sabiñánigo –organizadora de la Quebrantahuesos–, la situación creada a raíz de la modificación por parte de Tráfico de la normativa que rige la celebración de pruebas deportivas, y que ya ha supuesto varias cancelaciones en Aragón en las últimas semanas. Para Iglesias, el escenario actual es "rocambolesco, propio de una película de los hermanos Marx".

Aunque en los últimos días la DGT se ha mostrado abierta a dialogar y a minimizar el impacto de la polémica medida –o al menos aclarar su aplicación–, el enfado en las federaciones y colectivos que más pruebas aglutinan sigue siendo monumental ante una norma que llega en el momento álgido de la temporada.

"La nueva normativa es muy rígida en algunos aspectos y ciertas exigencias son imposibles de cumplir, como la de situar voluntarios que regulen cada cruce en las carreras que discurren por el monte", comenta Sergio Conchillo, secretario general de la Federación Aragonesa de Atletismo.

En su caso, tienen más de 160 pruebas en su calendario oficial, de las cuales alrededor de un centenar requieren tramitar las autorizaciones para contar con la presencia de la Guardia Civil. No se necesita en los recorridos urbanos –solo hace falta el permiso del Ayuntamiento–, cuando se desarrollan en pista o no se superan los 50 participantes.

También ven demasiado estrictas las normas sobre los vehículos de apoyo y sus seguros, la identificación previa de los voluntarios de la organización o la consideración de los diferentes recorridos de una misma prueba como carreras diferentes, como ocurriría en la de montaña de Mularroya, la Gran Trail Aneto-Posets o la Quebrantahuesos.

Conchillo también cuestiona que, frente a la escasez de agentes que esgrime la DGT para limitar las pruebas, la Guardia Civil sí que se persone para comprobar que se respetan las limitaciones. Ocurrió en la 10k de Calatorao, que hubo que adaptar in extremis el 23 de abril a un circuito urbano ante la denegación de los permisos, o en el triatlón de Mezalocha, que se tuvo que suspender hace una semana. En señal de protesta, los ciclistas circularon en grupos de 50.

Precisamente la Federación Aragonesa de Ciclismo podría ser otra de las grandes perjudicadas. De hecho, también el pasado fin de semana se suspendió la MTB Ultramarathon Matarraña, que se pretende celebrar en septiembre, y otros también han optado por modificar el recorrido para esquivar las restricciones. El presidente, Luis Marquina, lamenta que la orden "ha salido a mitad de temporada, en el pico de pruebas".

Y advierte de la distinta vara de medir según la provincia, ya que mientras en Zaragoza y Teruel se denegaron permisos el pasado fin de semana, "en Huesca se celebraron varias pruebas". "Para este, que era crítico porque coinciden muchas pruebas, no ha habido suspensiones", dice aliviado, al tiempo que confía en que se mantenga esta "flexibilidad".

Mucho más crítico se muestra el presidente de la Federación Aragonesa de Montaña (FAM), Luis Masgrau: "Estamos muy preocupados por se trata de una decisión política absurda adoptada desde el desconocimiento, sin evaluar las consecuencias y sin aportar soluciones". "No se puede consentir que hagan estas chorradas que suponen un ataque frontal al tejido deportivo y al territorio", denuncia.