La dación en pago, esto es, la entrega del piso sobre el que pesa un desahucio a cambio de la condonación de la deuda hipotecaria, es una de las máximas reivindicaciones de los movimientos ciudadanos durante los últimos años. Se empezó a popularizar a raíz de la oleada de desahucios que afectó a miles de familias en toda España.

Lo cierto es que a la idea, que poco a poco ha ido calando en la sociedad y en el amplio espectro político, le está costando materializarse en una práctica real. Hasta el año pasado no empezaron a concederse de forma más o menos regular y no existen unas razones objetivas claras que favorezcan que un caso se resuelva de manera positiva.

Desde enero de 2015 hasta el pasado mes de marzo se han rubricado 351 daciones en pago en Aragón. Es decir, alrededor de 23 al mes, según los datos facilitados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y Mercantiles de España.

Las condiciones no son similares en todas las situaciones. En algunos casos basta con entregar el inmueble a la entidad que financió la compra. En otros se pide una parte de la deuda. "Se exigen remanentes para poder efectuar la dación, cantidades que van de los 5.000 a los 15.000 euros", indica Jorge Puñal, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Zaragoza.

La PAH no contabiliza estos casos como daciones en pago. "Quizá por eso se ven unas cifras tan altas en los datos de los registradores", indica Puñal, quien afirma que desde la asociación se resuelven con dación "una media de dos casos por semana".

Además, el portavoz de la plataforma lamenta que muchas veces no se tengan claros los criterios de las entidades financieras: "Que se concedan o no va por rachas, depende de qué política estén aplicando en ese momento. A veces las conseguimos de manera relativamente fácil, pero otras es complicado".

Tanto la PAH como Stop Desahucios se muestran insatisfechos con los gestos de la DGA y el Ayuntamiento de cara a solucionar el problema de los lanzamientos hipotecarios con personas en peligro de exclusión.

Si bien las organizaciones reconocen la "buena voluntad" del Consistorio, lamentan que ésta "no se acaba traduciendo en soluciones efectivas porque no hay un stock suficiente de viviendas sociales".

Las plataformas se muestran más críticas con el trabajo del Gobierno de Aragón. Jorge Puñal, de la PAH, pide a la DGA que "ponga en marcha una ley de vivienda como la catalana, en la que primero se asegura que la deuda queda saldada y luego se procede, si es posible, a facilitar una casa a los afectados".