Inmersos en plena vorágine de comuniones y con la temporada de bodas a la vuelta de la esquina, los gremios que trabajan en estas celebraciones están de nuevo en pie de guerra por el intrusismo que, desde hace unos años, viene perjudicando a los profesionales que satisfacen las exigencias de Hacienda y acometen su labor con un contrato por delante. Los 'piratas' de las celebraciones pinchan discos y se encargan del cáterin, aunque sobre todo se cuelan en el mundo de la fotografía. "La crisis ha despertado y fomentado el fenómeno, aunque más que intrusismo yo lo llamaría fraude, porque no pagan impuestos (la actividad está gravada con el 21% de IVA), ni la cuota de autónomos ni firman ningún tipo de contrato. No es una cuestión de tener una formación o ser mejor o peor fotógrafo, sino que el problema está en que no tienen ningún tipo de responsabilidad y su trabajo no repercute en las arcas del Estado", indica Fernando Barrio, presidente de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Aragón (AFPA).

Quienes evitan el papeleo y cobran en negro lo hacen, evidentemente, con unas tarifas muy reducidas. Ese es su factor diferencial. "De este modo, quitan el trabajo a los profesionales que cumplen con los trámites e intentan sobrevivir bajo la legalidad", matiza Barrio. Un reportaje de boda profesional básico tiene un coste de 1.200 euros, mientras uno amateur ronda los 400 y muchas veces se reduce a una serie de imágenes en un DVD en lugar de un cuidado álbum. El margen es menor en el caso de las comuniones ya que suelen ser trabajos más modestos, si bien las calidades sí distan.

AFPA se ha reunido con la Inspección de Trabajo para pedir un refuerzo en la vigilancia sobre el intrusismo y para que se habilite una vía para poder denunciar. En estas próximas semanas los inspectores empezarán a recibir un goteo de avisos de colegios y parroquias en los que previsiblemente habrá retratistas al margen del fisco. En esa misma línea, la asociación firmó un acuerdo con la Federación de Empresarios de Hostelería de Aragón (Horeca) para conseguir que todos los fotógrafos que realicen trabajos en sus establecimientos lo hagan de forma legal: "El hostelero es responsable subsidiario de cualquier problema derivado de esa actividad ilícita". Ya hay locales aragoneses que verifican la legalidad de los camarógrafos, una iniciativa que el sector quiere extender al resto de España aprovechando que Fernando Barrio es también portavoz de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía.

Barrio asegura que no están "en contra del primo o el amigo que, por hacer un favor, lleva su cámara réflex y toma las fotos de forma gratuita", porque "no cobra por ello" y, en principio, no les quita trabajo: "Ahí es la pareja o los padres los que deciden si quieren o no un trabajo de calidad". Su verdadero enemigo es quien tira los precios y esquiva el pago de impuestos. "Además, al no hacer contrato, deja al cliente indefenso ante cualquier problema que pueda surgir. Nosotros siempre ofrecemos garantías y conservamos en un archivo todo nuestro trabajo", añade.

Imágenes a precio de mercadillo

??No resulta complicado dar con un fotógrafo independiente que se oferta con unos precios muy lejanos al estándar del sector. Están en portales especializados, pero también en webs de anuncios y de compraventa de objetos y servicios. Esta semana era posible contratar un reportaje de comunión en Zaragoza a precio de mercadillo: 80 euros. Y un combo de fotos y vídeo de boda por apenas 600. Algo impensable con un contrato de por medio.

Las empresas que graban enlaces matrimoniales también se quejan amargamente del intrusismo. En el sector lamenta la existencia de "gente que se anuncia como productora en páginas web y luego no factura como tal. Cobran en 'b' o lo hacen a través de otra empresa". Estas mismas fuentes afirman que "estas personas no cobran el 21% de IVA con el que otros sí cargamos, ni afrontan los costes de autónomos ni el seguro de responsabilidad civil, lo que abarata mucho sus tarifas".

La presidenta de la Asociación de Empresas Audiovisuales de Aragón, Mirella Abrisqueta, recuerda asimismo que "los clientes deben saber que cuando contratan un servicio de manera ilegal, luego esa persona puede desaparecer ante cualquier problema" y que, por otro lado, los profesionales del sector "conocen perfectamente los protocolos en cuanto a protección de datos y derechos de autor, un aspecto que atañe al acompañamiento musical en la edición".

Música y cáterin

El mundo de la imagen es el principal damnificado por el instrusismo, pero no el único. Los 'piratas' se atreven también con los banquetes pese a no contar con los permisos requeridos. Luis Vaquer, presidente del área de restaurantes de Horeca, asegura que "cada vez se ve más este problema en los banquetes, sobre todo en los que no son de gran tamaño" y recuerda que "estas empresas no cuentan con licencia de cáterin, ni cocina central ni guardan una muestra de los alimentos".

Chema Lasheras, miembro de la junta de Horeca y profesional del sector, apunta especialmente hacia las comuniones: "En las bodas es más complicado encontrar intrusismo porque requieren de más infraestructura y no todo el mundo puede hacerlas, pero en las comuniones sí percibimos que hay quien se cuela. Es un problema que se repite mucho también en cócteles de empresa".

Entre los músicos que amenizan los eventos existe cierto malestar hacia los que, con no excesiva profesionalidad, se ofrecen a poner banda sonora a cambio de una baja contraprestación. Aunque el fenómeno no está cuantificado, la SGAE cifra en un 25% los enlaces en Aragón en los que se evita el pago de su tasa (123,33 euros por los primeros 75 comensales y 0,5 euros por cada uno extra). Dentro de ese porcentaje, un importante cupo se corresponde con artistas al margen del fisco.