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Aragoneses presos en el extranjero

Jairo, el niño zaragozano que nació en una cárcel peruana y puede acabar en un orfanato

Su madre está presa y el padre, en Perú de manera irregular, ha de saldar una multa de 1.800 euros con el país. Ambos son zaragozanos.

Alfredo Maluenda. Zaragoza 12/01/2016 a las 06:00
Ana Pilar y Jairo, en una actividad para los niños de la prisión de ChorrillosHeraldo.es


A la maleta de Ana Pilar Gracia le sobraban 5 kilos. Tantos como clorhidrato de cocaína portaba cuando los agentes salieron a su paso en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, el principal de Perú, donde pensaba tomar un vuelo con destino a Brasil. Aquel 22 de mayo de 2012 no se subió a ese avión, sino que el hado de esta zaragozana de 29 años le guardaba un camino bien diferente: el penal de mujeres de Chorrillos en la capital del país andino. Un trago complicado de por sí, pero que se agravó al tener una noticia que suele ser motivo de alegría, ya que una vida se abría paso en su vientre.

Se trata de Jairo Gómez, un rubito que el pasado 29 de noviembre sopló tres velas. Jairo tiene el dudoso honor de ser el primer español -sus dos padres lo son y eso le otorga la nacionalidad- alumbrado en una cárcel de Perú. Toda su vida, desde que naciera en 2013, la ha pasado confinado y su mundo está delimitado por los barrotes, vallas y enormes portones metálicos de una instalación cuyo hacinamiento es denunciado por diferentes organizaciones humanitarias.

Y el capítulo inmediato en la vida del niño no es más halagüeño: la abogada que defiende los intereses de su familia evitó el pasado viernes, sobre la bocina, que fuese separado de su madre para ser entregado a las autoridades estatales, que lo derivarían a un orfanato tras cortar cualquier nexo entre el pequeño y la familia. Ahora disponen de una prórroga de 15 días para evitar que se determine que el pequeño atraviesa una situación de abandono.

La norma peruana dicta que los hijos pueden permanecer con su madre reclusa hasta los tres años. En eso no hay discusión. El problema radica en que el padre, Francisco Javier Gómez (Zaragoza, 1965), no tiene regularizada su situación en suelo peruano, ya que aterrizó en Lima con visa de turista una vez detuvieron a su pareja y agotó los 90 días que la ley le permitía quedarse bajo esa condición. Desde entonces fue alimentando una multa que crece cada día y que al cierre de la semana pasada superaba los 1.800 euros al cambio. O los paga, o pierde al niño. Durante este tiempo, Francisco Javier ha llevado una vida de perros: ha dormido en la calle, aunque ahora reside en el segundo piso de un almacén de material de escritorio, y ha desempeñado todo tipo de trabajos en negro. Ahora mismo gana 200 soles semanales (54 euros) como guarda particular. En todo el tiempo de confinamiento de su mujer e hijo no ha dejado de visitarles un solo miércoles, el día programado por la institución penitenciaria. Algo que tampoco le sale gratis: "Te cobran por acceder, también por llevarles algo de fuera. Te cobran por absolutamente todo, es un negocio puro y duro", relata a través del teléfono de su abogada, ya que él no tiene número propio.

La abogada de la familia, Selene Torres Gómez, concluye que el niño "cuenta con su progenitor y, de acuerdo con lo establecido por el Código de los Niños y Adolescentes del Perú, tiene el derecho de permanecer bajo la custodia de su padre y el Estado peruano tiene la obligación de garantizar el interés superior del niño", aunque "existe un ánimo de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMDES) de negarle la tenencia y custodia del menor al padre bajo la custodia de su condición migratoria irregular".

La letrada logró también la intervención de la Defensoría del Pueblo "a fin de que se cautele el proceso y se respeten los derechos fundamentales tanto de los padres como del menor, puesto que su ingreso en un albergue (orfanato) significaría la separación forzosa del menor, que conllevaría unos daños emocionales de consideración". "En caso de no ser posible el pago de dicha multa -abunda Torres-, deberá solicitarse la exoneración por razones de insolvencia". Para ello, la abogada recomienda que sea la Administración española la que "realice un informe social sobre la situación económica del ciudadano", de modo que "facilite la entrega del menor a su padre, ya que el trámite administrativo habitual es lento y en él se corre el riesgo de que el menor ingrese en uno de los albergues y se produzca el desarraigo familiar para ser declarado en abandono, algo que facilitaría el proceso de adopción. Por ello es necesario adoptar medidas urgentes".

Al ser de raza blanca, Jairo se convertiría en una pieza muy codiciada del hospicio infantil en el que cayese. Según atestiguan Javier Casado, presidente de la Fundación +34 (que presta apoyo a los presos españoles en el extranjero) y Agustín Gavín, responsable de Arapaz-MPDL Aragón, un niño de estas características "está muy cotizado" entre las familias más pudientes del país. "Existe una especie de debilidad por los niños blancos, por eso es tan importante actuar con rapidez", subraya Gavín, quien tiene previsto ponerse en contacto a lo largo de esta semana con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los dos activistas coinciden de nuevo al referirse a la legislación autonómica y las asimetrías entre territorios. "Si el niño fuese de origen soriano, a apenas unos kilómetros de Zaragoza, su Comunidad haría un mayor seguimiento del caso", asegura Casado, cuyo argumento se basa en la proposición no de ley aprobada en noviembre por uninimadad en las Cortes castellanoleonesas mediante la cual se pretende potenciar el retorno de presos a cárceles de la autonomía. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, subraya en un informe la dificultad de los españoles presos en Perú para ser trasladados a los centros penitenciarios de su país de origen. De acuerdo con la información que la Secretaría de Estado de Justicia facilitó a Becerril, desde comienzos del año 2012 hasta el 4 de diciembre de 2014 sólo se hizo efectivo el traslado de un ciudadano español de los 327 condenados en el Estado andino.


Jairo, de perfil, en el fotograma de un reportaje sobre cárceles peruanas. Foto: AFP

10.000 euros por jugársela en cinco vuelos

El camino, la experiencia vital de Ana Pilar hasta recalar en la cárcel de Chorrillos es empedrado, por ponerle un adjetivo suave. Jamás conoció a su padre y a los cuatro años perdió a su madre y fue entregada en adopción, un trago que no quiere para su vástago. Pasó su infancia y adolescencia en una casa de acogida gestionada por una congregación de religiosas de la capital aragonesa. Luego entró a trabajar en una residencia con la que tuvo un desencuentro legal en el Juzgados de lo Social número 6 de Zaragoza. Fue despedida y, tras agotar sus ahorros y no encontrar un nuevo empleo, pasó a vivir en el albergue municipal. En el archivo del centro zaragozano todavía figuran sus datos, aunque no se tiene ninguna noticia de la joven desde que en 2012 abandonara una de las diez habitaciones individuales de las que disponen las mujeres sin recursos.

La retorcida propuesta llegó en el arranque de 2012 y se le formuló en Zaragoza, según declaró en el juzgado. Debía recoger una maleta en Madrid "de manos de un nigeriano" y tomar hasta cinco vuelos para cerrar el círculo en la T4 de Barajas. El nigeriano al que aludió la condenada pertece a una red con base en Fuenlabrada e intervenida por la Policía Nacional que se dedicaba a captar españoles sin recursos en entornos desfavorecidos (albergues, comedores y otros servicios sociales) para mover las sustancias ilícitas entre continentes. En el caso de Ana Pilar, la oferta ascendía a 10.000 euros. Accedió y su primera parada fue Sao Paulo. De Brasil fue derivada a Lima, donde pasó tres semanas como supuesta turista. Según lo previsto, ahí recibiría la droga y volvería a la ciudad brasileña, para cruzar de nuevo el océano hasta Suiza y regresar desde ahí a la capital española para completar su trabajo como mula.

En la bolsa que recibió en Madrid acomodó la mercancía que una mujer, la supuesta mulera, le facilitó en el centro comercial Larcomar, en el distrito de Miraflores, "un barrio pijo, pijo, el más rico, donde vive la gente pudiente de Lima", concreta la abogada. La carga estaba dividida en tres paquetes que (en teoría) albergaban sendos lotes de pelotas, sandalias y carteras. No eran el único género que portaba. El equipaje estaba trufado de cocaína y los agentes de la terminal limeña fueron directos a por la zaragozana, que por aquel entonces contaba con 25 primaveras. "Fue detenida cuando intentaba registrarse para el viaje. Se le acercó un policía y le dijo que 'había dado positivo en el infrarrojo'. En ese momento, ella reconoció que llevaba droga y se mostró dispuesta a colaborar para que atraparan a los que la captaron", desgrana la abogada.

La joven se declaró culpable ante el Juez "por un delito de tráfico de drogas en la modalidad de correo humano", apunta Torres. "Se acogió a la terminación anticipada del proceso por lo que su sentencia -6 años y 8 meses de prisión- fue rápida". Tras una estancia de tres semanas en los calabozos de la Dirección Antidrogas fue juzgada y derivada a su nuevo 'hogar', donde al poco tiempo pasó un chequeo médico al sentirse indispuesta: estaba embarazada de Jairo. Ocurrió en los primeros compases de cautiverio, del que ya lleva descontados 3 años y 10 meses.

Una cárcel bajo el punto de mira

El penal de Chorrillos fue diseñado para dar cobijo a 475 internas, pero según las estimaciones de la Fundación +34 en estos momentos se supera con creces la cifra, por lo que hay hacinamiento de presas. "Es una cárcel sólo para mujeres con los ambientes deteriorados. Hay 45 niños menores de 3 años que conviven con sus madres, siendo Jairo el único extranjero", comenta Javier Casado, quien ve en la prisión de Ana Pilar "un sitio algo mejor que las cárceles de hombres, aunque el hacinamiento hace que no haya comida suficiente, ni agua, lo que facilita un caldo de cultivo para las enfermedades".


Madre e hijo, en segundo plano en una imagen de 2013. Foto: Asoc. Ángeles de los Arenales

En el anexo femenino se han quitado la vida en los últimos cuatro años al menos dos españolas, la grancanaria Tania Rodríguez y la castellonense Thais Isazi. La primera lo hizo tras empeorar las condiciones de su régimen penitenciario y la segunda, según expuso el consulado español, tras un largo cuadro depresivo y fracasar en un intento previo de suicidio. En el anexo donde se encierra a las 'burriers', como se conoce en Perú a las quienes tratan de sacar droga del país, recalan también las condenadas por terrorismo, algunas directamente relaciondas con Sendero Luminoso. En los últimos años, afirma Javier Casado, "han fallecido doce españoles en cárceles peruanas".







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