2014 también fue el año de la consolidación de la recuperación para la Agencia Tributaria. O al menos así lo indica el importante crecimiento en la recaudación con el que pudo finalizar el pasado ejercicio el organismo dependiente del Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro, que recaudó en Aragón algo más de 3.500 millones de euros, la cifra más alta desde 2008.

Un aumento que llegó de la mano del continuo crecimiento en lo percibido por el Impuesto sobre el Valor Añadido y la mejora que la situación del empleo también ha proporcionado a lo recaudado por el IRPF, pero que además también ha venido acompañado de un crecimiento progresivo en los últimos años en las sanciones y recargos por demora impuestos por el fisco.

En concreto, el año pasado la Agencia Tributaria ingresó solo en Aragón algo más de 32 millones y medio de euros en sanciones, intereses sobre los deudores y recargos de apremio. La cifra más alta que se daba en la Comunidad desde 2009 y que es cerca de un 40% mayor a la cantidad con la que se cerró , por ejemplo, 2007, cuando la actividad económica aún conservaba su estado de efervescencia y el movimiento de dinero y la recaudación era mayor.

Las sanciones tributarias -que pueden penar desde un olvido en una declaración, una mala comunicación de datos, hasta un intento de ocultación al fisco- fueron la partida que más aumentó el año pasado proporcionalmente dentro de la Comunidad solo por detrás de la recaudación por el Impuesto de Patrimonio con un crecimiento del 50% con respecto al 2013, lo que aportó a las arcas de Hacienda más de 8 millones de euros.

Por su parte, los recargos por cantidades no tributadas ascendieron a algo más de 16,5 millones, un 30% superior al año anterior, mientras que los intereses generados por retrasos en los pagos sí que descendieron por primera vez tras casi un lustro al alza, aportando 7,9 millones al fisco.

Unos datos todos ellos que redundan en la tesis mantenida desde el Ejecutivo por reducir la cantidad de dinero que escapa del Estado, el cual va desde el gran fraude fiscal hasta los pequeños evasores o las personas que no han podido negociar sus deudas con Hacienda, y que cerrará su círculo con la reforma de la Ley Tributaria que en las últimas semanas de julio se ha estado tramitando en el Congreso, la cual llegará acompañada de una nueva lista pública en la que se mostrarán los nombres de aquellos contribuyentes -tanto personas físicas como jurídicas- que deban a la Hacienda pública más de un millón de euros.

Sin embargo, todo este proceso ha sido duramente criticado por la oposición, que presentó enmiendas para que este listado de morosos también se extendiera a los beneficiarios de la llamada 'amnistía fiscal' de 2012, y por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que en un comunicado de este mismo año denunciaba que un 80% de la plantilla de inspectores se seguía dedicando a perseguir el pequeño fraude mientras que tan solo el 20% restante investigaba a los grandes defraudadores.

3.400 jubilados aragoneses evitaron sanciones al declarar sus pensiones en el extranjero

A este respecto, uno de los casos que más atención ha conseguido en los últimos años y que ya parece estar cerca de cerrarse fue el de miles de jubilados retornados españoles que a mediados de 2013 comenzaron a ser investigados por Hacienda por no declarar convenientemente que percibían dos pensiones; una española y otra extranjera del país en el que trabajaron durante años, algo que muchos afectados no habían hecho por desconocimiento, ya que a priori este trámite solo era necesario para aquellos que cobraran más de 22.000 euros, pero el hecho de que tuvieran dos pagadores rebajaba esta cantidad hasta los 11.200.

Tras las criticas por las sanciones e intereses que generaron estas pensiones no declaradas, el Gobierno habilitó una regularización extraordinaria que finalizó el pasado 30 de junio para los residentes en España que cobran pensiones del exterior y para aquellos extranjeros que viven en nuestro país su retiro por la cual solo se pagaría la cuota correspondiente del IRPF por su pensión, pero se le condonarían sanciones, intereses y recargos por no haber liquidado el impuesto en ejercicios anteriores. Un mecanismo al que se acogieron unos 3.400 aragoneses según difundió Hacienda, y que además conllevará una devolución de las sanciones y los intereses impuestos a aquellos jubilados que regularizaron su situación antes de que se habilitara el periodo extraordinario, montante que en total podría sumar más de 20 millones de euros en toda España en sanciones retiradas.