La promotora del proyecto de 'fracking' pide permiso para los estudios previos
Los afectados exigen una evaluación ambiental completa de las prospecciones sísmicas solicitadas.
En total, la zona delimitada abarca 102.356 hectáreas de 28 municipios, la mayor parte en Zaragoza. Se trata, entre otros, de Tauste, Ejea, Alcalá de Ebro, Remolinos, Gallur o Boquiñeni.
Todos los ayuntamientos afectados recibieron a comienzos de junio una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente en la que se les informa de que la empresa ha pedido permiso para llevar a cabo prospecciones sísmicas, incluidas en la fase de investigación. El mismo documento ha sido remitido a otras instituciones, como los gobiernos autonómicos de Aragón y Navarra y el Instituto Geológico y Minero de España, además de a otros colectivos como organizaciones ecologistas, en defensa del patrimonio, etc.
El Ministerio abre así las consultas sobre la solicitud de la promotora y da 30 días hábiles a los interesados para que se pronuncien sobre si es suficiente someter esta actuación a una evaluación ambiental simplificada, o por el contrario consideran que debe seguirse el procedimiento ordinario de evaluación. Este es más exigente y ofrece mayores garantías al permitir la participación pública y la presentación de alegaciones.
Por esta opción apuestan Zaragoza sin Fractura y la Plataforma Navarra antifracking, tal y como expusieron ayer. En su comparecencia en Zaragoza, los miembros del colectivo aragonés denunciaron que el documento de Frontera Energy "está plagado de inconcreciones y carencias", ya que ni siquiera explica con exactitud dónde se llevarían a cabo esas prospecciones sísmicas. Se trataría, explicó Óscar Pueyo, doctor en Geología e investigador de la Universidad de Zaragoza, de "generar vibraciones sísmicas" para ver su capacidad de propagación y así conocer la estructura del subsuelo en las zonas predeterminadas. Y según la memoria, añadió, los camiones con los que se provocarían esas vibraciones pasarían por localidades como Remolinos o Gallur.
"Esto no es fracking, es otra actividad de interés geológico pero entraña cierto riesgo", afirmó Juan Carlos Gracia, de la plataforma. También advirtió de que Aquiles afecta a diez espacios de la Red Natura 2000. La normativa europea, recordó, obliga a someter a evaluación ambiental ordinaria los planes que pongan en riesgo a las aves.
Este es el único proyecto de estas características con permiso de investigación en vigor concedido hace dos años por el Ministerio de Industria, al extenderse más de una comunidad autónoma de los que pretenden desarrollarse en Aragón.
