Una veintena de municipios, pendientes de una nueva fase de estudio sobre el 'fracking'

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha enviado a un total de veintitrés ayuntamientos aragoneses de las comarcas de Cinco Villas, la Ribera Alta del Ebro y el Campo de Borja una comunicación para informarles de la apertura del periodo de consultas sobre “la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada” para el inicio de una nueva fase de estudios en torno al proyecto fractura hidráulica Aquiles, la única iniciativa de 'fracking' que sigue avanzando en la Comunidad al tratarse de una intervención que afecta a dos autonomías, la aragonesa y la navarra.

Así lo denunció este jueves la Plataforma Zaragoza Sin Fractura, que junto con su homóloga navarra ha iniciado una fase de reuniones con los ayuntamientos implicados (junto con los navarros, un total de 28) para abordar esta solicitud, que abre la puerta a que la empresa promotora de este proyecto, Frontera Energy, pueda iniciar una nueva fase de estudio para comprobar la viabilidad del terreno de cara a una futura explotación mediante esta técnica.

Desde que a comienzos del 2012 se empezara a hablar de los primeros proyectos de 'fracking' en España, esta técnica, que se utiliza para extraer gas natural o petróleo del subsuelo a gran profundidad fracturando artificialmente rocas poco porosas, ha acumulado multitud de críticas al entenderse que su uso puede dar lugar a contaminación de aguas subterráneas o incluso producir pequeños seísmos. En Aragón en la actualidad solo está en marcha el permiso de investigación del proyecto Aquiles, cuyo aval fue concedido desde el Gobierno central al ubicarse a caballo entre Navarra y Aragón. Además, la DGA recibió en los últimos años una decena más de proyectos, que fueron paralizados por el ejecutivo autonómico al no haber sido aprobados y tener potestad para hacerlo por encontrarse únicamente dentro del territorio aragonés. Las Cortes aprobaron además por unanimidad, ya en noviembre de 2012, una proposición no de ley propuesta por CHA para declarar Aragón “territorio libre de fracking”.

El principal problema de la nueva solicitud, según señala la plataforma, es que la empresa insta a realizar la evaluación de impacto ambiental por la vía simplificada en lugar de la ordinaria, que daría lugar a un periodo de alegaciones y controles más extenso, dejando además sin vinculación los escritos que puedan remitir los ayuntamientos, avisados el pasado día 8 de junio y cuyo periodo de respuesta está próximo a agotarse a mediados de este mes. “Creemos que no es de recibo que se abra el periodo de consultas en un momento en el que los ayuntamientos están a pie cambiado, con las nuevas corporaciones recién formadas, y con un documento presentado por la empresa que está plagado de inconcreciones”, señala Juan Carlos Gracia, uno de los portavoces de Zaragoza Sin Fractura.

El proyecto Aquiles fue el primer permiso autorizado por el Gobierno central en Aragón para buscar yacimientos de hidrocarburos que puedan ser explotados mediante la fractura hidráulica. Por ahora, apenas se ha avanzado en la fase de estudio, y la nueva solicitud de evaluación ambiental tiene como objetivo iniciar las prospecciones sísmicas de la fase 2D, un proceso por el que, mediante el paso de camiones de gran tonelaje, se investiga y ausculta el suelo al fin de determinar la composición de los materiales litográficos. “No es que nos opongamos per se a esta fase de investigación, que no tiene aún nada que ver con la fractura hidráulica en sí, pero sí que pedimos que se realice en base a documentos bien elaborados por la empresa y con una evaluación ambiental ordinaria, dando voz a todos los partícipes”, explica el Óscar Pueyo Anchuela, doctor en geología e investigador de la Universidad de Zaragoza, que acompañó a los representantes de la plataforma.

El área que incluye el proyecto Aquiles ocupa un total de 102.355 hectáreas que incluyen a municipios como Ejea, Tauste, Borja, Magallón, Gallur, Luceni, Boquiñeni o Pedrola, zonas donde se encuentran áreas protegidas por la Red Natura 2000 -que el plan de la empresa contempla- pero “con poca concreción sobre dónde van a realizar la actividad”, dejando al margen algunos yacimientos arqueológicos, bienes patrimoniales -de hecho, también se ha remitido el documento a la asociación de defensa del patrimonio Apudepa- o “prestando poca atención” según explica Pueyo, a zonas especialmente afectadas por dolinas y simas. “Hay una descripción de buenas prácticas, pero si no conoces los riesgos, se debe hacer un estudio lo más extenso posible”, señala el investigador.

Antes esto, Zaragoza Sin Fractura está facilitando un documento de respuesta a los ayuntamientos afectados, algunos de ellos, como Tauste, ya declarados municipios “libres de fracking” desde la pasada legislatura.