Los editores gastan 200 millones en adaptar los libros a la LOMCE
Las comunidades no deben crear, según los editores, "incertidumbre e inseguridad jurídica".
La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) está preocupada por las declaraciones públicas efectuadas estos días por diversos responsables políticos respecto a posibles acuerdos para derogar la Lomce en determinadas comunidades autónomas.
En un comunicado, esta asociación ha recordado el esfuerzo inversor de cerca de 200 millones de euros que las empresas del sector han hecho para elaborar los libros de texto y materiales adaptados a la reforma educativa.
Para Anele, toda iniciativa que se adopte en el sentido de paralizar o derogar la Lomce "vulnera principios constitucionales elementales como los de legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos".
Por ello, los editores no descartan exigir, llegado al caso, "la intervención de la Alta Inspección educativa".
También podrían llevar a cabo "las acciones legales oportunas frente a toda actuación material y normativa dirigida a paralizar la implementación de la Lomce", sin perjuicio de reclamar a la Administración autonómica "los graves daños y perjuicios que se deriven".
Anele ha recordado que "lo único que compete" a las comunidades es desarrollar y completar la normativa básica estatal de obligado cumplimiento y aplicación "dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno".
Las comunidades no deben crear, según los editores, "incertidumbre e inseguridad jurídica en todos los actores que formamos parte del sistema" como centros escolares, familias, alumnos, servicios de inspección y editoriales, y menos aún en fechas próximas a la finalización del curso escolar, ha añadido.
Anele agrupa a 30 editoriales dedicadas a la generación de contenidos destinados a la educación en todos los formatos y soportes y representan el 90 % del mercado.
