Cuando en 2012 Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, anunció que se iba a establecer un sistema de pago de tasas para acceder a la Justicia en España, el rechazo fue generalizado en las esferas política y judicial. Cuando el real decreto ley que regulaba su implantación tenía que entrar en vigor, en el segundo semestre de 2012, se observaron algunos problemas y hubo que retrasar su puesta en marcha. Las tasas judiciales funcionaron hasta que el pasado mes de febrero, en el debate sobre el estado de la Nación, Mariano Rajoy anunció su retirada.

Recientemente el Gobierno ha facilitado en el Congreso de los Diputados (a falta de los datos de enero y febrero de 2014) cuánto dinero ha ingresado el Estado a través de este sistema: el total nacional superó los 622,7 millones de euros. En Aragón, la recaudación de tasas en estos poco más de dos años se acercó a los 14 millones según los mismos datos. Más de 12 se corresponden con lo ingresado en los juzgados de Zaragoza.

Para apoyar la implantación de las tasas, el Ejecutivo anunció que el dinero que obtuviera por esta vía lo destinaría a financiar el turno de oficio y, en general, a mejorar el sistema judicial en España. Sin embargo, en unas declaraciones en la cadena Cope, el pasado mes de febrero, Rafael Catalá aseguró que los ingresos que se consiguieron con las tasas fueron a parar a la “caja común” del Estado y no necesariamente se destinó todo este dinero a la justicia.

El PSOE consideró que este comportamiento era inadmisible y "una vergüenza" porque consideraban que Cristóbal Montoro estaba destinando "a lo que quería o le convenía" el dinero que se había recaudado injustamente.

Descenso del número de asuntos 

Las tasas judiciales alejaron a mucho ciudadanos de los juzgados, tal y como quedó plasmado en las estadísticas del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). En el primer año de vigencia de las tasas, en los juzgados aragoneses se registró un descenso de 12.000 casos con respecto al año inmediatamente anterior.

Los abogados aragoneses explicaban entonces que algunos de sus clientes preferían no iniciar acciones por evitar las costas y que muchos declinaban interponer recursos de apelación contra sentencias de primera instancia a pesar de considerarlas injustas.

El Gobierno justificó la derogación del 'tasazo' por "el marco de la creciente recuperación económica", aunque lo cierto es que desde que Catalá relevó a Galalrdón al frente de Justicia en septiembre de 2014 se mostró partidario de la eliminación de esta ley.