El Gobierno suprimirá las tasas judiciales que afectan a las personas físicas
Ha sido una de las medidas presentadas por Rajoy en el debate del estado de la Nación.
El Gobierno ha anunciado este martes una revisión del sistema de tasas judiciales mediante la cual se suprimirán las que afectan a las personas físicas en todos los órdenes e instancias.
Esta iniciativa aparece en el documento que ha distribuido el Ejecutivo con las principales medidas anunciadas este martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación.
El texto explica que "en el marco de la creciente recuperación económica" las personas físicas "quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias".
La revisión de las tasas judiciales fue uno de los principales compromisos que adquirió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a su llegada al departamento el pasado mes de septiembre. Catalá ha manifestado en multitud de ocasiones que iba a revisar la aplicación de las tasas judiciales y que, en caso de que limitasen el acceso de los ciudadanos a la Justicia, procedería a su modificación, pero nunca a su retirada.
La Ley de Tasas Judiciales fue uno de los principales proyectos aprobados por las Cortes -con el único apoyo del PP- durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia y marcó un antes y un después en las relaciones entre el Ministerio y la judicatura. Desde su aprobación, en noviembre de 2012, la norma se ha convertido en el blanco de los ataques de jueces, fiscales y abogados así como de todos los grupos de la oposición parlamentaria que consideran que las tasas vulneran el acceso a la tutela judicial efectiva y exigen su derogación.
Al respecto, la ley de tasas judiciales cuenta ya con cinco recursos de inconstitucionalidad.
La oposición y los operadores jurídicos también han reclamado al Gobierno que dé explicaciones sobre el destino del dinero recaudado hasta la fecha con las tasas judiciales, más de 512 millones de euros. En este sentido, el Ejecutivo se comprometió a destinar el dinero recaudado a la financiación de la justicia gratuita, si bien la oposición denuncia que todavía no se ha transferido ninguna cantidad al respecto.
