Con la firma del decreto de disolución de las Cortes por parte de la presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, se pone fin a la VIII Legislatura en Aragón, que ha estado marcada por la crisis económica, el incremento del paro, la desafección ciudadana y la ausencia de pactos.

Un pacto entre el PP y el PAR dio inicio a la Legislatura tras unas elecciones, en mayo de 2011, en las que los populares fueron los más votados pero sin mayoría absoluta. Los presidentes del PP y el PAR, Rudi y José Ángel Biel, rubricaron el 18 de junio un preacuerdo que aupó a ésta a la presidencia de la comunidad.

Y lo hizo bajo las premisas de la regeneración y la administración eficiente, la contención del gasto público para lograr la estabilidad presupuestaria y el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad.

El balance, cuatro años después, es dispar en función de quién haga el análisis de la legislatura, puesto que según la oposición hay más desigualdad, más pobreza y unos servicios públicos de mucha menor calidad, mientras que el equipo de gobierno pone en valor que ha conseguido mantenerlos con un 20 por ciento menos de ingresos en estos cuatro años.

El ejecutivo aragonés defiende que la crisis económica ya ha pasado, y se basa en el crecimiento del Producto Interior Bruto de los últimos trimestres y en el tímido repunte en el crecimiento del empleo.

Pero en los escaños enfrentados a la bancada azul aluden siempre que pueden a los recortes en los presupuestos de Sanidad y Educación, a la falta de inversiones en infraestructuras o a las carencias y retrasos en la aplicación de la ley de dependencia.

Rudi hizo de la estabilidad presupuestaria el eje de su gobierno, y ya el día que tomó posesión, el 13 de julio, anunció un "plan de choque" basado en la austeridad.

Aunque ha disminuido en cada ley de presupuestos el techo de gasto de la comunidad, no ha conseguido que 2013 y 2014 cumplir los objetivos de déficit marcados por el gobierno central.

El trabajo parlamentario, por otro lado, no ha sido demasiado prolífico, y ha estado marcado por la falta de acuerdo en los temas importantes. Pocas han sido las iniciativas que han contado con apoyo unánime o, cuando menos, de algún grupo de la oposición.

Aunque se han aprobado 43 textos legales, algunos importantes como el de transparencia, de racionalización del sector público empresarial, de lenguas o de coordinación de las policías locales, otros prometidos se han quedado en el tintero, como es el caso de la ley de capitalidad o de la reordenación competencial de las instituciones aragonesas.

Sus señorías tampoco han sido capaces de llegar a un acuerdo para impulsar el nuevo Reglamento de las Cortes, y el desmarque del PAR en el último momento ha imposibilitado, por ejemplo, la reforma de la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción.

Por otro lado el PAR también permitió que en los últimos presupuestos se incrementara en 1,5 millones la transferencia a la Universidad a pesar de la oposición del PP.

Con la firma del decreto de disolución de las Cortes, que según el Consejo Consultivo es necesario para que las elecciones autonómicas puedan coincidir con las municipales, se pone en marcha la maquinaria que desembocará en los comicios del 24 de mayo.

El panorama que se abre en una comunidad autónoma en la que nunca ha habido mayoría absoluta es incierto, puesto que según las encuestas y las últimas tendencias en el hemiciclo aragonés podrían sentarse a partir del 18 de junio, día en el que se constituirá la IX Legislatura, diputados de hasta siete formaciones políticas diferentes (PP, PSOE, PAR, CHA, IU, Podemos y Ciudadanos).