Los altos cargos de la DGA tendrán quejustificar la "utilidad pública" de sus gastos

La presidenta, los consejeros y los altos cargos del Gobierno de Aragón deberán acreditar que sus gastos de protocolo y representación "revierten como beneficio o utilidad para la administración de la Comunidad Autónoma". Así consta en un ‘documento de trabajo de la Intervención General sobre la fiscalización de los gastos protocolarios y de representación’ y que pretende regularizar unos gastos que siempre han estado cuestionados por su conveniencia y su falta de transparencia.

Para este concepto, en los presupuestos de 2014 se incluyeron 892.605 euros y para el próximo, se han previsto 889.429 euros. El Gobierno de Rudi ha ido reduciendo las partidas año a año.

Como gastos protocolarios, la Intervención entiende aquellos originados por ceremonias o celebraciones de carácter institucional; visitas oficiales entre autoridades pertenecientes a otras administraciones públicas y los gastos que llevan aparejados, como los servicios o gastos de organización de actos o recepciones; comidas; ramos y adornos de flores; libros conmemorativos o de regalo; fotografías; viajes, y hoteles de personas ajenas a la administración. Y considera que estas actividades deben tener "un fin institucional y necesariamente relacionado con los fines de la Administración".

Por contra, advierte de que no se podrán pagar con cargo a los presupuestos públicos "aquellos más cercanos a una consideración personal o de un grupo socialmente muy considerado pero sin relación alguna con el fin de la Administración", como por ejemplo, los gastos de tabaco, licores, efemérides personales y similares.

En el caso de los gastos de representación, la Intervención sí admite que pueden tener cabida las comidas con otros representantes de otras administraciones, corporaciones de derecho público y con particulares siempre que "redunde en un beneficio para la Administración o se realice en el ejercicio de funciones públicas, esto es, tengan el carácter de atención protocolaria y representativa" (esta última lo considera finalidad pública e institucional).

Precisamente, la secretaría general técnica de la Presidenta emitió una comunicación en noviembre de 2011 en la que estipulaba que las comidas como "atención protocolaria" no pueden superar los 25 euros (IVA incluido) "salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por parte del consejero correspondiente".

El nuevo documento de Intervención marca un protocolo de fiscalización de estos gastos, de los que solo podrán hacer uso la presidenta, los altos cargos y asimilados de la Administración y de sus organismos públicos y todas aquellas personas que estén habilitadas.

Para poder autorizarlos se deben dar una serie de condiciones. Además de la existencia de crédito suficiente (se puede recurrir al anticipo de caja) y de una resolución que apruebe el gasto (salvo que este sea inferior a 3.000 euros), se debe demostrar que se ha producido el gasto a través de una factura o recibo que tiene que ser conformado por los consejeros.

También habrá que incluir un informe con las causas del gasto y su finalidad pública e institucional. "Se tendrá que poner de manifiesto la vinculación directa del gasto al servicio o fin público que redunde en beneficio o utilidad para la Administración", detalla.

Un 10% de difícil justificación

El mismo documento de la Intervención de la DGA regula otros gastos de representación como los de libre disposición o de difícil justificación de los que se benefician únicamente el presidente de Aragón y los consejeros. Supone el 10% del dinero que se consigna en cada departamento para gastos protocolario y su justificación solo requiere de un certificado del consejero con la cantidad gastada. El pago se realiza a trimestre vencido.

Hasta ahora, estos gastos estaban regulados por un acuerdo de Gobierno de 1996 y por el Código de Buenas Prácticas de la DGA de 2011.