Oliván cifra en 139.000 euros el fraude al Salud de la farmacia de Palomar de Arroyos

En el caso están implicadas quince farmacias de toda España y siete almacenes.

Medicamentos requisados por la operación Pharmakon
Oliván cifra en 139.000 euros el fraude al Salud de la farmacia de Palomar de Arroyos
H.A.

El consejero de Sanidad del Gobierno aragonés, Ricardo Oliván, ha cifrado este jueves, en el pleno de las Cortes de Aragón, en 139.000 el coste económico directo para el Salud causado por el fraude en la dispensación de medicamentos de la farmacia de Palomar de Arroyos, en Teruel.


En una comparecencia solicitada por el diputado del PSOE Eduardo Alonso sobre el problema de la exportación ilegal y facturación al Salud de medicamentos en los últimos meses, Oliván ha explicado que a este perjuicio económico directo habría que sumar el fraude a la hacienda pública por parte de las farmacias implicadas en la red de exportación ilegal destapada a raíz del primer caso, y el posible desabastecimiento en otras boticas de la Comunidad.


Pero el consejero, según ha indicado, es un asunto que se puede resolver "perfectamente" en tanto en cuanto los farmacéuticos son profesionales capacitados para dispensar medicamentos con el mismo principio activo, e incluso para fabricar ellos mismos fórmulas magistrales.


Además, el departamento de Sanidad es informado por las fuerzas de seguridad de cuándo se va a proceder a precintar alguna de las farmacias implicadas para que se puedan organizar los botiquines que garantizarán el abastecimiento de la población, sobre todo en el mundo rural, ha dicho.


La investigación del caso, en el que están implicadas quince farmacias de toda España y siete almacenes que se dedicaban a la exportación ilegal, ha puesto de manifiesto que son necesarios más controles en la dispensación de fármacos, según los portavoces de la oposición.


El consejero ha insistido en que la trama se destapó en la farmacia de Palomar de Arroyos gracias a la investigación e inspección realizada por técnicos del Servicio Aragonés de Salud, quienes pusieron posteriormente el caso en manos de la Guardia Civil, y ha hecho hincapié en que se ha ofrecido toda la colaboración posible para la investigación del caso.


Alonso ha reprochado al consejero que haya tardado "tanto tiempo" en reaccionar y se ha interesado por las medidas de control que deberían haber impedido el fraude.


Mientras Carmen Martínez, de CHA, se ha preguntado por la seguridad de la receta electrónica, y si ésta es fácil de falsificar, Patricia Luquin, de IU, ha avanzado que quizá los farmacéuticos piensen que el control sobre su actividad es escaso o, cuando menos, "fácil de burlar".


Manuel Blasco (PAR) ha insistido que el comportamiento delictivo de sólo un 2% de todas las farmacias de Aragón "no empaña" el gran servicio del resto, pero ha coincidido en que es necesario "profundizar" en los orígenes del caso para que "no vuelva a pasar" y poner los medios para que la administración "los detecte cuanto antes".


Y la popular Carmen Susín ha recordado que el Gobierno de Aragón ha anunciado que se va a personar en la causa, en tanto en cuanto debe ser resarcido, y ha insistido en que el ejecutivo ha tomado las medidas adecuadas para garantizar el suministro.