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Aragón

Aragón lleva a Hacienda este mes ante el juez por el cálculo del déficit de 2013

La consejería de Javier Campoy ya presentó un requerimiento, que fue desestimado, por el que solo admite un desfase de 110 millones frente a los 254 que contabiliza Madrid.
La previsión es que el contencioso-administrativo se interponga en la Audiencia Nacional

Isabel Ara 25/09/2014 a las 06:00
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Montoro (izda.) y Campoy se saludan en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, en julio.E. Cidoncha

El Gobierno de Aragón mantiene su pulso con el Ministerio de Hacienda por el cálculo del déficit de 2013 y está decidido a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Ya lo anunció al conocerse la cifra definitiva del desfase, y ahora la DGA está ultimando el recurso contencioso-administrativo contra el ministerio que interpondrá antes de fin de este mes en la Audiencia Nacional.

Pese a que las dos administraciones están gobernadas por el PP, el Ejecutivo de Rudi no ha ocultado en ningún momento sus diferencias de criterio con Madrid, que en marzo fijó la desviación de las cuentas de la Comunidad en el 2,06% del PIB (Producto Interior Bruto) de Aragón, frente al 1,3% permitido para 2013. Un desajuste de 254 millones que además provocó la caída del consejero de Hacienda, José Luis Saz, a quien relevó Javier Campoy. Pero según las alegaciones del departamento, el desequilibrio ronda los 110 millones (inicialmente solo admitió 81).

Nada más conocer los datos, la presidenta Luisa Fernanda Rudi se "rebeló" y se apresuró a anunciar en las Cortes que los servicios jurídicos trabajaban ya en el recurso por estas discrepancias en la liquidación, que llevaron al Consejo de Gobierno a autorizar el 15 de abril al recién nombrado consejero para presentar un requerimiento al Ministerio de Hacienda, como paso previo al contencioso que ahora se va a formalizar. Pese a que la DGA se mantiene firme en sus tesis, desde un principio tenía asumido que la reclamación sería desestimada, como ha ocurrido.

Una vez recibidos los datos oficiales del cierre de 2013, el 4 de julio se presentó el requerimiento a Hacienda para que "corrigiera" su informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria del último ejercicio. Como ya explicó en su día, sostiene que "no ha considerado correctamente las reglas sobre las que se debe formular" el cálculo, bien por haber aplicado "principios contables distintos" a la Administración central y a la autonómica, por computar periodos que según la DGA quedaban fuera del ejercicio económico, o "por no atender a la realidad del ingreso de las cantidades".

En concreto, el Gobierno aragonés pedía, como volverá a hacer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que se tengan en cuenta 96 millones correspondientes a tributos que la DGA aseguraba que iba a cobrar pero aún no había ingresado, por lo que Hacienda los considera "de recaudación incierta". A este respecto, la consejería defiende que "un porcentaje importante" de esa cuantía tenía aval bancario y que ya ajustó el importe mediante un coeficiente corrector para deducir los posibles cobros fallidos. En este sentido, el Ejecutivo PP-PAR alega que la imposición de reglas de cómputo de déficit distintas para el Estado y las comunidades "choca frontalmente con el criterio de igualación de los ‘privilegios’ o ‘beneficios’ recogido en el Estatuto de Autonomía".

Ante ello, el equipo de Montoro aclara en su contestación, recibida por la DGA el 6 de agosto, que el método que se debe usar para las comunidades no es el de devengo (cuando se genera el hecho imponible), que aplica el Estado; sino el de caja, según el cual se contabiliza una vez ingresado el dinero.

Otro de los puntos de desacuerdo son los 25 millones por gasto sanitario de diciembre de 2012, por lo que a juicio del Departamento de Hacienda, no deben cargarse a las cuentas de 2013 ya que ello "rompe con cualquier regla de contabilidad anual". Reconoce que a raíz del traspaso de las competencias de sanidad, el gasto farmacéutico se computaba de noviembre a noviembre y la adaptación a las normas europeas exige corregir esta "anomalía", pero considera que debería haberse hecho imputando esa cantidad al ejercicio de 2012. Ante ello, el Ministerio arguye que se regularizó la situación en el ejercicio en el que la Intervención General tuvo conocimiento de que quedaban pendientes de registro.

La tercera partida en discusión se refiere a 23 millones recibidos por transferencias de fondos europeos, "presupuestadas y ejecutadas en 2013" y "librados por la propia Administración del Estado", que no los contabilizará hasta este año. En este caso, Hacienda se remite a los criterios establecidos por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat).

Además de estos puntos principales, el Gobierno de Aragón alegaba "un ajuste por el déficit de empresas" públicas, que no cifra.








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