Ni llamadas sin horario ni facturas sin papel

Las asociaciones se muestran satisfechas aunque aseguran que propondrán más "a la espera de lo que ocurra en Europa".

Las nuevas medidas de la Ley de defensa del consumidor entraron en vigor este viernes
Las nuevas medidas de la Ley de defensa del consumidor entraron en vigor este viernes

"Las nuevas medidas van a mejorar la capacidad de defensa del consumidor" así de contundente se muestra José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón.


La entrada en vigor de las nuevas mejoras en la ley de defensa del consumidor se produjo este viernes, algunas de ellas como medida preventiva para evitar el aumento en el número de reclamaciones que se están registrando.


En el año 2010, la Oficina Municipal de Atención al Consumidor contó 17.395 atenciones, en solo tres años, las cifras han aumentado considerablemente hasta las 23.829 contadas en 2013.


De estas atenciones, muchas han sido por el considerable aumento de petición de información en lo referente al sector bancario y al de las compañías de servicios generales como luz, agua y gas. En el caso de la banca, donde también se engloban gestorías y aseguradoras, el número de reclamaciones ha aumentado de 369 en 2008 a 1.261 en 2013: "Con los bancos éramos unos consumidores muy sumisos, apenas había quejas pero desde el inicio de la crisis eso ha cambiado" asegura Oliván.

¡No me llamen más!

Se ha convertido en algo común descolgar el teléfono y que un contestador u operador intente vendernos un producto. Generalmente, un cambio de compañía telefónica o una oferta. Estas llamadas, que desde UCA aseguran "empezaban a ser una epidimia", van a sufrir restricciones horarias.


La mejora de la ley contempla que sea el consumidor el que decida si quiere o no recibir esa información, además, estas llamadas solo podrán realizarse de 9.00 a 21.00 los días laborables, ni los días festivos ni los fines de semana se pueden recibir.


En relación a estas compañías se ha introducido una nueva mejora, la obligatoriedad de una firma, bien sea en un documento físico o electrónico, en la que el consumidor da su consentimiento al contrato firmado: "Las compañías telefónicas suelen hacer firmarlos por teléfono, en ocasiones ni nos enteramos de que nos hemos comprometido a algo y para echar ese contrato para atrás después era absolutamente imposible" asegura Oliván.

Unas facturas tangibles

"Ninguna compañía debe cobrarnos por solicitar una factura en papel". Así de tajante se muestran desde la UCA en relación a la nueva medida incorporada a la ley.


Las compañías aéreas denominadas 'low-cost' eran propensas a este tipo de "abusos" porque, según explica Oliván,"había un vacío legal del que se aprovechaban". El cambio impide cobrar una cantidad extra al cliente por pedir que sus facturas no sean electrónicas.


Estas últimas medidas también favorecen a la nueva mejora por la que el aumento de días en el derecho a desistimiento pasa de 7 a 14. José Ángel Oliván explica también que hay una medida que ellos consideran fundamental: "En caso de que no haya un contrato físico firmado, el tiempo para desistir pasa a ser de un año. Gracias a esto podremos evitar los contratos fraudulentos".


Oliván destaca que las personas mayores son las más damnificadas por ese tipo de compromisos: "Los servicios de la mayoría de compañías deberían mejorar, hay muchas personas mayores para las que es imposible tener que estar hablando con mil contestadores. Los servicios de atención al cliente deberían ser más sencillos".

Europa es la clave

Los recientes cambios que se producirán en las directivas europeas provocan que las nuevas medidas dependan puramente de lo ocurrido en el seno de la Unión: "Nosotros proponemos gran cantidad de mejoras nuevas pero al final muchas dependen de lo que se decida en Europa", explica Oliván.


La UCA asegura también que están "a la espera" de solicitar nuevas fórmulas en defensa del consumidor ya que esperan que "haya cambios" debido a la renovada directiva europea.


Aún así, asegura que las leyes que esperan serán "más uniformes" y confía en que "no bajen" el nivel de protección del consumidor español que es "medio-alto".