Fallecidos y heridos en casos de terrorismo cobrarán este año 500.000 € de indemnización
La DGA aprueba el reglamento y ya puede aplicar la ley de 2008.Las solicitudes se resolverán en un plazo máximo de seis meses
Las víctimas de terrorismo aragonesas que sufrieron atentados desde el 1 de enero de 1960 serán indemnizadas a finales de este año. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el reglamento y cuando se publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la próxima semana se podrá aplicar la ley aprobada por unanimidad en junio de 2008, tras seis años sin dar paso alguno.
El Gobierno aragonés empezará a repartir el presupuesto de 500.000 euros por los fallecidos y heridos, que serán indemnizados antes que los que sufrieron daños materiales reconocidos también en la ley y el reglamento aprobados. El plazo máximo, desde que se publique en el BOA y se resuelvan las solicitudes que presenten las familias, será de seis meses.
Esta fue una de las doce alegaciones presentadas por la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT), que reclamó el aumento del plazo de tres a seis meses para poder subsanar los errores que se hubieran detectado en las solicitudes presentadas.
En principio, la DGA tiene datos de 167 víctimas aragonesas, un dato que facilitó el Ministerio del Interior porque ya fueron reconocidas por el Estado. De ellos, 30 aragoneses han fallecido en los más de 50 años de terrorismo que se ha vivido en España.
Entre estos afectados se pueden incluir a los aragoneses que sufrieron el atentado del hotel Corona de Aragón el 12 de julio de 1979, que fue reconocido en una sentencia del Tribunal Supremo. Un empresario de Tardienta y tres camareras fallecieron en el incendio que se cobró la vida de 78 personas y 113 resultaron heridos.
El Ejecutivo aragonés concederá indemnizaciones por daños físicos como fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, total o parcial, incapacidad temporal, así como lesiones de carácter definitivo no invalidantes. En cuanto a los daños psíquicos, se concederán en el caso de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total.
Se reconocen también daños materiales en viviendas, establecimientos, sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales y vehículos. Estas indemnizaciones se abonarán las últimas, después de que el departamento de Presidencia asuma la responsabilidad para los fallecidos y los heridos, según fuentes del Gobierno aragonés.
El departamento de Presidencia calculó que la aplicación de la ley y el reglamento de las víctimas aragoneses puede costar 2,4 millones de euros. Este cálculo se realizó en función de las indemnizaciones que fueron reconocidas por el Gobierno central y el Ejecutivo aragonés fijará un 30% de lo recibido por el Estado.
Las víctimas que pueden solicitar la indemnización en Aragón son quienes fueran aragonesas cuando ocurrió el atentado (por la vecindad civil o por su nacimiento), así que ocurriera en la comunidad autónoma o fuera.
