Tres clínicas privadas ya han recurrido el plan del Salud para derivar operaciones

Consideran las ofertas adjudicadas "desproporcionadas o anormales" y ven falta de transparencia en el proceso.

Tres clínicas privadas de Zaragoza han presentado ya el recurso de reposición contra el plan de choque del Salud, por el que se han derivado operaciones a otros centros hospitalarios de la Comunidad aragonesa para intentar frenar la lista de espera. Entre las alegaciones que plantean, destacan el carácter "desproporcionado, anormal o temerario" de las ofertas económicas que resultaron adjudicadas, así como que el proceso no fue "abierto y transparente". No obstante, no solicitan la suspensión cautelar del procedimiento al entender el interés público del mismo.


Los centros que han impugnado el ‘concurso’ son la Clínica Montpellier, la de Nuestra Señora del Pilar y el Complejo Policlínico Hernán Cortés. Precisamente, son tres de las empresas que tras optar a este proceso, no consiguieron la adjudicación de ninguna operación.


En su recurso de reposición, estas compañías hospitalarias recuerdan que la derivación de estas operaciones a los centros privados se rige por un contrato marco firmado en 2009. A partir de este, Sanidad ha convocado y desarrollado sucesivos procedimientos negociados sin publicidad para la adjudicación y derivación de operaciones.


A través de este recurso, al que ha tenido acceso HERALDO, las tres clínicas que han impugnado el procedimiento explican que las entidades que han participado en el proceso presentaron sus ofertas con los correspondientes precios por procedimiento y lote. "A su vez, el órgano de contratación remitió la relación de ofertas para que las licitadoras pudiesen formular una segunda oferta", apuntan.


A partir de ahí, según recuerdan en la documentación aportada, en los años anteriores se citaba a todas las entidades firmantes del contrato marco de manera conjunta, "compareciendo al menos dos de los licitadores en el procedimiento". Algo que aseguran en esta ocasión no se hizo.


De hecho, destacan que en el procedimiento negociado entre la primera y segunda oferta no fue "abierto y transparente" al concurrir al mismo individualmente cada una de las empresas firmantes del contrato marco. "La modificación unilateral de las condiciones del procedimiento negociado con relación a convocatorias previas, sin que conste justificación objetiva alguna, vulnera igualmente los principios de confianza legítima y transparencia que han de regir los procedimientos seguidos por las administraciones públicas", recriminan.


Por otra parte, las tres clínicas privadas alegan que la adjudicación se ha producido "en unos términos económicos que no se ajustan al objeto de la negociación planteada por la administración, vulnerando además el régimen de contratación de las administraciones públicas".


Recuerdan que el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas estima "desproporcionadas o temerarias las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas".


Aunque en el recurso reconocen que carecen de la totalidad de datos para calcular la media exacta, estiman que "se extrae una desproporción entre las ofertas planteadas por los licitadores, que son los que fueron objeto de negociación directa con la Administración, y los precios que son finalmente objeto de adjudicación".


Sanidad defiende el proceso

En ese sentido, explican, que la reducción del importe de la adjudicación definitiva (1,1 millones) con relación al presupuesto inicial de la licitación (fijado en 1,4 millones) es del 21,47% mientras que en el año 2013 dicha disminución fue del 7,53%. "Tales ofertas aparecen, desde esa perspectiva, como desproporcionada o temeraria, careciendo además de justificación alguna, en el expediente de contratación, ya que, como ha quedado expuesto, el procedimiento negociado no fue abierto y transparente".


Por su parte, el Departamento de Sanidad y Bienestar Social, que dirige Ricardo Oliván, volvió a defender la legalidad del proceso y lo consideró "modélico y transparente". Hicieron hincapié en que se han llevado las operaciones las clínicas que mejores precios han presentado sin "perder calidad".