Cae la venta de inmuebles y sube la tendencia a buscar una vivienda de alquiler. El cambio en la tendencia del sector inmobiliario en España ha provocado que muchas personas, bien por necesidad, bien por buscar una opción menos arriesgada que las asfixiantes hipotecas, se decante por la opción de la vivienda en alquiler.

En Aragón, al igual que en el resto del país, el número de viviendas de alquiler ocupadas se ha doblado en la última década hasta superar las 70.000 según el Instituto Nacional de Estadística. Algo que también ha provocado que muchos de los propietarios -ya sean particulares, sociedades, o bancos- hayan implementado sus métodos para controlar los impagos y la morosidad.

Desde hace unos 2 años el número de seguros ante el impago de rentas de alquiler se ha ido doblando, siendo ya un hecho habitual en el 70% de los nuevos contratos de arrendamiento firmados, según datos de la Asociación para el fomento del alquiler Arrenta.

Defensores y detractores

Esta modalidad, llegada a España hace escasamente 3 años desde otros países europeos más acostumbrados a la vivienda de alquiler se ha instalado en el sector inmobiliario como una alternativa a los habituales avales. "Al principio solo un par de aseguradoras se atrevieron a lanzarlo, pero ahora mismo es un producto que se encuentra en cualquier compañía", explican desde Arrenta, que este año organizó el Observatorio de la Vivienda de Alquiler, donde se anunció que del total del parque nacional del país un 17% de las viviendas ya cuentan con este tipo de registros en su contrato.

Según la fórmula instalada en España, el propietario puede elegir firmar un seguro por 6 meses o un año que cubre los posibles impagos que puedan darse sobre el 80% de los meses contratados a cambio de un precio que suele rondar el 2,5% de la renta anual del inmueble. Una opción que marca un cambio de tendencia en la mentalidad del propietario según sus defensores, pero que también tiene muchos detractores, ya que se han detectado en varios casos cláusulas que evitan el fin último del seguro -cobrar las rentas impagadas- si una resolución judicial decreta que el inquilino es insolvente.