La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó ayer con los únicos votos del PP las modificaciones que ha propuesto incluir en la ley de impacto ambiental para facilitar la compraventa de agua entre diferentes cuencas. La norma fue defendida por la portavoz popular, Juana Pons, quien dijo que estaba dispuesta a llegar a algún "entendimiento". Eso sí, avisó de que eso no evitará que la defiendan "con rotundidad" en todos sus extremos.

Los populares -que han incluido varias cláusulas a favor de los trasvases en una norma que inicialmente no tenía nada que ver con este asunto- han solicitado que se tramite por el procedimiento de urgencia, así que tras la sesión de ayer, la próxima semana recibirá la luz verde definitiva.

Durante el debate, el senador del PAR, José María Fuster, advirtió de que, si no se introducen cambios, "una transferencia de agua que hasta ahora solo podía aprobarse por ley, ya solo necesitará el visto bueno de la dirección general del Agua". Por su parte, el representante de IU, Jesús Iglesias, advirtió de que la futura ley, "sienta las bases de un hasta ahora inexistente derecho al trasvase". Y desde el PSOE la calificaron de "chapuza muy grave" y recordó que deja de lado órganos como el Consejo Nacional del Agua.

No habrá informe jurídico

Por su parte, fuentes autonómicas informaron ayer de que el Gobierno aragonés no tiene previsto hacer un informe jurídico sobre las posibles consecuencias de la norma que tramita el Senado. El Estatuto establece la obligatoriedad de que la DGA haga este trámite cuando haya una norma que pueda afectar al Ebro. Sin embargo, en este caso la interpretación la consideran dudosa, ya que aunque se flexibiliza la compraventa de agua entre diferentes cuencas, no se alude al río Ebro. El PAR había solicitado a principios de esta semana que se hiciese un informe jurídico para aclarar las dudas.

Por lo demás, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Modesto Lobón, consideró que "la ley no tiene trascendencia para Aragón" y aseguró que todas las cláusulas vinculadas a trasvases entre cuencas "se circunscriben exclusivamente a las Comunidades Autónomas que participan en el trasvase Tajo-Segura". Según interpretó Lobón, la nueva regulación "facilita de forma interna la compraventa de derechos en las comunidades del Tajo-Segura", pero aseguró que no es extensible a otras cuencas. 

El consejero recalcó que "la postura de la DGA sigue siendo la de una oposición radical al trasvase del Ebro" y trasladó que si apoyan esta ley que ha impulsado el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente es "porque en ella no hay nada sobre eso".

"Aviso a navegantes"

Las enmiendas que ha introducido el PP nacional se vendieron como parte del pacto cerrado entre las comunidades implicadas en el trasvase Tajo-Segura. Esta circunstancia es cierta para la mayoría de estos cambios, que efectivamente indican que su aplicación se circunscribe a ese trasvase concreto. Sin embargo, la enmienda clave que suscita dudas en todos los partidos de Aragón menos en el PP indica que se aplicará a "trasvases", sin decir que sea uno concreto.

En este aspecto incidió José María Fuster. "Se dice que se refirieren solo al Tajo-Segura, pero en el preámbulo de la ley dicen textualmente que introducen modificaciones relativas a los trasvases 'en general'". Además, Fuster advirtió que hay otro "aviso a navegantes", al anunciar el PP cambios en ley de aguas y "un nuevo régimen de cesión de derechos más eficaz en el futuro". "Veremos qué es lo que sucede en ese futuro", advirtió.