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La polémica creada tras las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien pretende cambiar la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo para que la malformación del feto ya no sea un supuesto para abortar, también ha llegado hasta Aragón, donde se han producido casi 600 casos de estas características en seis años.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, relativos a 2010, un 4% de los abortos que se realizaron en la Comunidad se debieron a un riesgo de anomalías graves del feto. En total, 110 de las 2.745 interrupciones voluntarias del embarazo estuvieron causadas por este motivo, y entre 2005 y 2010 el número de casos asciende a 580.

Pero, más allá de las cifras, el anuncio de Gallardón ha dividido a parte de la sociedad aragonesa. Mientras varias asociaciones de mujeres, organizaciones de defensa de la sanidad pública y partidos políticos han cargado contra el ministro de Justicia, las organizaciones antiabortistas califican de “progreso histórico” la modificación de esta norma, que ahora mismo establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

Entre el sector crítico, la anulación del derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, la posible clandestinidad de esta práctica en caso de ser prohibida o la “criminalización” de la decisión personal de las afectadas han surgido como los principales argumentos contra la medida de Gallardón. “Esta decisión persigue anular nuestros derechos y libertades, retrotrae a la época del franquismo y es más propia de un fundamentalista religioso que de un ministro que trabaja por la democracia”, denuncian desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.

Debate político

Pero el debate también ha llegado a la clase política aragonesa. Nieves Ibeas, diputada de CHA, y Patricia Luquin, diputada de IU Aragón y portavoz de Sanidad en las Cortes, han criticado duramente este anuncio. “El PP está obsesionado con atacar los derechos de los ciudadanos, muy concretamente los de las mujeres. Es ministro de Justicia y no tiene derecho a decirnos si tenemos o no derecho a acceder al aborto”, aseguraba Ibeas este lunes.

Poco más tarde llegó la replica de Luquin: “Es una vergüenza que se usen los derechos de las mujeres como arma arrojadiza para contentar a un sector conservador de la sociedad y a la iglesia católica. No se puede obviar la realidad y volver a la época de los abortos clandestinos”. Una preocupación que comparten organizaciones como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que advierte de un “problema de salud” para muchas mujeres, que tendrán que salir al extranjero para interrumpir su embarazo no deseado por graves lesiones fetales.

En el polo opuesto se encuentran las organizaciones antiabortistas, que celebran la decisión de Gallardón y la reciben como un nuevo paso hacia el objetivo de “aborto cero” por el que trabajan. “Celebramos todo lo que sea avanzar en positivo hacia una regulación menos agresiva con la protección del niño no nacido y la madre”, explica Antonio Gasós, de Provida-Aragón: “Comprendemos que una situación así es un gran muro para cualquier mujer, pero la sociedad le tiene que ofrecer otras salidas. Hay gente dispuesta a adoptar y cuidar de personas con deficiencias psíquicas o físicas”.

Una decisión difícil

La decisión para los padres cuando reciben la noticia de que el feto sufre algún tipo de malformación o enfermedad grave nunca es fácil. Los hay que deciden que la interrupción del embarazo es la opción menos mala, aunque otros deciden seguir adelante. “Me comunicaron que mi hijo tenía Síndrome de Down y desde el principio tuve claro que quería seguir adelante, pero eché en falta que no me ofrecieran más alternativas que la del aborto”, asegura Pilar Marcuello, que se puso en contacto con la Línea de Atención a la Mujer de Aragón para recibir apoyo. Su hijo cumplió un año hace un par de meses: “No soy nadie para juzgar lo que hagan los demás, pero yo volvería a hacer lo mismo”.

Pero en algunas ocasiones la situación es tan grave que los padres acaban optando por la interrupción voluntaria del embarazo, una decisión siempre difícil de tomar. Es el caso de M. L., una madre que abortó cuando le comunicaron que su feto sufría una enfermedad que le había causado una gran cantidad de malformaciones: “Nos dijeron que era probable que no llegara a nacer y que, en caso de que lo hiciera, no sobreviviría más de dos días”.