La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha advertido del "problema de salud" de muchas mujeres que tendrán que salir al extranjero para interrumpir su embarazo no deseado por graves lesiones fetales. 

La federación ha reaccionado así al anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien en una entrevista publicada en el diario La Razón señaló que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar en la futura reforma de la Ley del Aborto.

Ante estas declaraciones, la citada federación ha comunicado, en una nota de prensa, que esta modificación afectará a mujeres con menos recursos socioeconómicos, que interrumpirían su embarazo de manera clandestina y sin las debidas condiciones sanitarias.

Según la federación, esta medida supondría "un gravísimo atentado contra la libertad de las mujeres", a las que obligaría, contra su voluntad, a mantener embarazos "a pesar de que las pruebas y revisiones demostraran graves taras y malformaciones en los fetos".

La federación entiende que tras esta decisión está "la ideología conservadora de un Gobierno que pretende satisfacer las demandas de los grupos religiosos más ultras y radicales".

De acuerdo con esta organización, el PP "pretende reintroducir un modelo de relaciones políticas, sociales, laborales y sanitarias retrógradas y lesivas para la ciudadanía".