zaragoza

El Ayuntamiento de Calatayud acepta la cesión de la casa de la juventud para acometer su reforma

La DGA, que transfiera la propiedad, aportará 150.000 euros a un proyecto para habilitar nuevos espacios valorado en 510.000.

El edificio consta de dos plantas y se encuentra con deficiencias.
El edificio consta de dos plantas y se encuentra con deficiencias.
H. A.

El centro de ocio juvenil de Calatayud, ubicado en la plaza de la Correa, está más cerca de vivir una renovación en profundidad. Así, este miércoles, el pleno del Ayuntamiento bilbilitano ha aprobado por unanimidad de todos los grupos aceptar la cesión de la propiedad del edificio por parte del Gobierno de Aragón con el objetivo de acometer una reforma integral del inmueble, incluidas fachadas, cubiertas, estancias y equipamiento. En total, el proyecto, para llevarse a cabo este año, está valorado en 510.000 euros, de los que la DGA aportará 150.000 y el resto serán fondos municipales provenientes de los planes de la Diputación de Zaragoza.

De esta forma, los más de 1.600 metros cuadrados de superficie del complejo, que incluye el edificio de dos plantas y el patio con pistas deportivas, contará con intervenciones para mejorar la eficiencia energética, pero también su aspecto exterior, su mobiliario y los servicios. Se prevé habilitar zonas de ocio interior, para acoger, entre otros, una 'discolight'; salas polivalentes, de juegos y de reunión; una cocina, para permitir nuevos talleres formativos, aulas de formación, estudio, música y despachos. "Será un edificio moderno y accesible", sintetizaba el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno.

Se pone fin así a un largo proceso de negociación con la administración autonómica para desbloquear la intervención. "En 2020 ya se comentó al Instituto Aragonés de la Juventud que era un centro básico, pero que sufría deficiencias y se planteó que solo se facilitará el permiso de obras, pero tras más de un año no fructificó", explicaba Gimeno. Con el cambio de gestores, la situación ha cambiado y el responsable municipal agradecía la visita y el interés de las nuevas representantes de la consejería de Bienestar Social, Carmen Susín, y la gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Cristina Navarro.

En la confección del proyecto han intervenido más de 150 jóvenes a través de un proceso de participación ciudadana. "Se busca que sea más atractivo, era una prioridad", incidía Gimeno. El responsable de Urbanismo ha recordado que en 1987 ya se suscribió un convenio con la DGA por el que se cedía el uso y la gestión de las actividades a realizar. Las obras, que contemplan un plazo de ejecución de cuatro meses, se acometerán durante el verano, cuando se reduce el número de usuarios. Desde el PSOE, Yolanda Júlvez, deseaba una nueva vida y ofrecía su colaboración.

En la misma sesión plenaria, de carácter extraordinario, se ha aprobado, con el sí de PP, Vox y Cs y con la abstención del PSOE, llevar al consejo consultivo la revisión de oficio de la constitución de la junta de compensación y del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución Renfe-2, la pastilla de suelo que se encuentra enfrente de la estación de tren y donde la mayoría de edificios se derribó hace casi una década. Sobre esta parcela se extienden distintos trámites urbanísticos desde hace más de 20 años y el horizonte se prevé que acabe en la vía judicial.

También se daba luz verde -con el apoyo de PP, Cs y Vox y la abstención del PSOE- a la revisión de oficio de la modificación de obra que permitió la construcción de la depuradora de Huérmeda, que según un informe municipal ha llegado a llevarse a cabo "prescindiendo del procedimiento legal y sin consignación presupuestaria". Gimeno explicó que esa decisión se tomó apoyándose en las valoraciones de los técnicos de urbanismo y ante los contratiempos para levantar el edificio sin perder la subvención del Instituto Aragonés del Agua.

Así, el edil defendía que fue la vía elegida porque era "imposible conocer el alcance final" una vez surgidos los problemas con Endesa sobre la compra y uso de las parcelas que iban a acoger la instalación. Desde el PSOE, Jesús Monge tachó el proceso de "despropósito" y apuntaba que Intervención, en su informe reciente, sacó a colación la posibilidad de haber resuelto el contrato, extremo que Gimeno consideraba inviable por no ser la constructora responsable de la demora.

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