La Mesa de la Prostitución está formada por Cáritas, Comisiones Obreras, UGT, Comité Ciudadano Antisida de Aragón, Cruz Blanca, Médicos del Mundo y SOS Racismo, y hoy sus representantes han hecho público el decálogo en el que recuerdan que la prostitución no es una actividad ilegal en España y que está exenta, por tanto, de cualquier tipo de sanción.

Marta Jiménez, del Centro Fogaral de atención a prostitutas y travestis de Cáritas, ha explicado que el decálogo y la guía es fruto de una larga y profunda reflexión sobre el asunto en el que se ha llegado a un posicionamiento común desde puntos de partida dispares, sobre todo en lo que respecta a la ilegalización de esta actividad, sobre la que la Mesa de la Prostitución no se pronuncia.

Lo que sí hacen es defender la dignidad, igualdad y libertad de estas personas y su derecho a la integridad física y a la seguridad jurídica, así como exigir una tutela de los poderes públicos.

Las organizaciones que componen la Mesa luchan por los derechos de este colectivo con independencia de que estas personas sean autóctonas o extranjeras, a pesar de lo cual reconocen la "especial vulnerabilidad" de éstas últimas por ser inmigrantes.

Además, reivindican que no se criminalice a las personas que ejercen la prostitución y piden que los problemas de convivencia que se pueden generar con respecto a su ejercicio se traten como problemas de convivencia, puesto que éstos son "independientes del origen de las personas que se encuentran envueltos en ellos".

También piden a los poderes públicos que traten a las personas que ejercen la prostitución como víctimas, ya que pueden serlo por tratos denigrante y abusos, al mismo tiempo que exigen a las autoridades que ejerzan su responsabilidad y "tomen decisiones integrales" en este ámbito.

No existe, de momento, según Jiménez, un plan integral de apoyo, y los recursos que se destinan deberían incrementarse, ha dicho.

Las entidades de la Mesa insisten en que están totalmente en contra de la trata de personas para su explotación sexual y abogan por la protección de los derechos humanos de las víctimas de estas actividades, puesto que este tráfico ilegal es "una de las más escandalosas y sangrantes formas de reducción del ser humano a simple mercancía".

Por todo ello, las siete organizaciones se comprometen a continuar trabajando para garantizar la dignidad de los ciudadanos que ejercen la prostitución y pondrán en marcha "todas aquellas iniciativas que redunden en un mejor ejercicio de sus derechos".

En el caso de la guía, ésta ha sido editada en colaboración con la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza y se divide en tres bloques, el primero sobre los derechos jurídicos de las prostitutas, el segundo con aspectos relacionados con el sistema de salud, y el tercero incorpora una relación de recursos de interés, tanto generales como específicos.