El Gobierno de Aragón ha decidido convertir el parque empresarial de la Expo en su segunda sede administrativa, desvirtuando el modelo defendido desde un principio. Allí se concentrarán cuatro consejerías que ahora están desperdigadas por la ciudad y todas las empresas públicas, con lo que se pretende paliar el descalabro en la comercialización de las oficinas y la imperiosa necesidad de cobrar alquileres para pagar la millonaria reconversión del recinto de Ranillas. Desde verano no se vende nada y la ocupación apenas supera el 20% con las cinco operaciones que se han llegado a firmar.

Fuentes de la DGA y de la propia sociedad pública Zaragoza Expo Empresarial reconocieron que la crisis ha obligado finalmente a cambiar sus planes. Si en un principio se pretendía llevar las consejerías a dos pabellones, los que ocuparon en su día África y los países de montaña, ahora se ha optado por dejarlos vacíos y concentrar a los funcionarios en el parque empresarial. Con ello se conseguirá un triple objetivo: evitar un mayor gasto y endeudamiento, elevar la paupérrima ocupación de los edificios ya transformados y garantizar unos alquileres con los que afrontar la millonaria factura de las obras.

Los cálculos oficiales apuntan que los alquileres de la sedes del Gobierno de Aragón garantizarán unos ingresos anuales de más de siete millones de euros.

La DGA pretende hoy conseguir la autorización parlamentaria de la comisión de Economía para avalar con 68 millones de euros a Zaragoza Expo Empresarial, una exigencia de los bancos para otorgarle un crédito de 135 millones con el que pagar las obras.

Este préstamo sindicado permitirá refinanciar la deuda existente, unos 36 millones, y continuar con la reconversión de los pabellones. Así, se podrá adjudicar de inmediato la primera fase de la Ciudad de la Justicia y afrontar después su equipamiento y la instalación de las lamas metálicas de las fachadas, que en total requiere 50 millones.

También se podrá afrontar la transformación de los dos pabellones destinados a usos comerciales y servicios (los que ocuparon los países del Caribe y de América latina) y afrontar el equipamiento de varios de los edificios del parque empresarial, que siguen desnudos.

Lo que se ha descartado es solicitar dinero para acometer la obra de los dos pabellones denominados de reserva para concentrar las consejerías, que se quedarán en barbecho de forma indefinida.

La necesidad de dar un aval fue ayer criticada por la IU, que entiende que es la demostración de que Expo Empresarial «no es de fiar». Su coordinador regional, Adolfo Barrena, mostró su preocupación por la hipoteca de futuro que supone y por el hecho de que el aval compute como deuda.